Veracruz, Ver.- Los trabajadores exportuarios de Veracruz llevaron a cabo una protesta a las afueras del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ubicado en el centro de la ciudad, para exigir la restitución del edificio que consideran legítimamente suyo, así como la devolución de los saldos de las cuentas de los Sindicatos de Maniobristas y de la Unión de Estibadores, y la información requerida por la Secretaría de Gobernación.
En relación con esto, el apoderado legal de los Sindicatos de Maniobristas y de la Unión de Estibadores, Alejandro Pulido Cueto, advirtió que no darán marcha atrás en sus demandas y que insistirán en obtener una audiencia con representantes de la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz (ASIPONA), ya que una reunión pactada para diciembre no se concretó.
“La directora jurídica de la coordinadora de puertos, Lourdes Zambrano, nos prometió una mesa de negociaciones para resolver este conflicto, y si no se lleva a cabo aquí en ASIPONA, entonces nos dirigiremos allí. Si ella quiere solucionarlo, tendrá que venir aquí y sentarnos a negociar lo que sea necesario, pero será aquí, en ASIPONA. Ya no iremos a México”.
La mañana de este miércoles, integrantes del Sindicato de Maniobristas, de la Unión de Estibadores y la Unión de Checadores, arribaron al lugar y se plantaron en la calle López Rayón entre Gómez Farías y 16 de septiembre.
La incomodidad surgió porque en las negociaciones con el gobierno federal para la devolución de propiedades, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indabim) les ha dicho que el edificio está bajo la administración de la Secretaría de Hacienda y que no se los pueden entregar.
Además, aseveró que han entregado todos los documentos que pudieron recuperar, incluyendo las concesiones para operar el Puerto de Veracruz, un laudo laboral, un amparo, entre otros, los cuales fueron confiscados durante una requisa.
“Un laudo laboral no puede ser cancelado ni siquiera por el presidente, ya que sería atentar contra los derechos irrenunciables de los trabajadores, que no prescriben. Tenemos en nuestra posesión las concesiones desde 1912, el laudo desde 1949, y el radio de acción está claramente establecido”.
Para finalizar, denunció que algunas instituciones han proporcionado información incorrecta de manera intencional, con el fin de obligarlos a repetir trámites y retrasar la resolución del caso.
