Leopoldo Gavito
Todavía no termina enero y Estados Unidos ya ha fijado un precedente grave. La acción ejecutada contra Venezuela —envuelta en el lenguaje de la seguridad y la justicia— no puede entenderse como defensa de la democracia ni como operación legal excepcional. Es, en los hechos, una afirmación brutal de poder unilateral: cuando las normas estorban, Washington las sustituye por la fuerza.
El argumento formal es conocido. Estados Unidos acusa al gobierno venezolano, y en particular a Nicolás Maduro, de autoritarismo, corrupción y vínculos criminales. Esa crítica no es nueva ni carece de sustento político. Lo que sí carece de sustento es el salto que convierte ese diagnóstico en licencia para intervenir militarmente, capturar a un jefe de Estado extranjero y ejercer justicia extraterritorial sin aval alguno.
No hubo autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. No existió mandato multilateral. No medió proceso judicial internacional previo. Estados Unidos actuó solo, se nombró juez, fiscal y ejecutor, y lo hizo desde una posición de superioridad militar absoluta. Eso no es aplicación del derecho internacional: es su negación. Es la consagración de la ley del más fuerte en pleno siglo XXI.
Conviene ser sobrios con Venezuela. El país arrastra un deterioro institucional severo: concentración de poder, elecciones cuestionadas, persecución de opositores y debilitamiento de contrapesos. Nada de eso debe minimizarse. Pero ese cuadro interno no cancela la soberanía externa ni autoriza a una potencia extranjera a decidir quién gobierna, quién cae y quién es juzgado. El autoritarismo interno no convierte a un Estado en territorio disponible. Confundir ambos planos es una maniobra política deliberada.
El núcleo real del conflicto es estructural y no moral. Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del planeta y ocupa una posición estratégica en el Caribe. En un contexto de competencia con China y Rusia, de tensiones energéticas globales y de fragilidad económica estadounidense, Washington vuelve a recurrir a un viejo reflejo: asegurar recursos y control bajo el ropaje de la seguridad. El discurso antidrogas y prodemocracia funciona aquí como coartada.
América Latina conoce bien esta lógica. Cuando un gobierno deja de ser funcional a los intereses estadounidenses, se activa el repertorio: sanciones, asfixia financiera, aislamiento diplomático, deslegitimación política y, si eso no basta, fuerza directa. Lo inquietante no es el patrón, sino la impunidad con la que hoy se ejecuta, en un mundo donde el multilateralismo ha dejado de ser límite para el hegemón.
El precedente es devastador. Si una potencia puede capturar líderes extranjeros bajo acusaciones unilaterales, sin proceso internacional y sin autorización colectiva, el mensaje es inequívoco: las reglas existen solo para los débiles. El orden internacional deja de ser un sistema de normas y se convierte en una jerarquía armada.
Estados Unidos insiste en presentarse como garante del orden, pero actúa como su principal saboteador. Al imponer su voluntad por la fuerza confirma que el problema de fondo no es Venezuela. El problema es un poder que ya no gobierna mediante reglas, sino mediante el miedo. Y la historia es clara: ese tipo de poder no produce estabilidad ni justicia. Produce caos, resentimiento y un mundo objetivamente más peligroso.
*Es Cosa Pública
