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El exterminio nazi no fue un crimen contra un sólo pueblo. Fue una máquina industrial de muerte que trituró categorías enteras de seres humanos: seis millones de judíos, sí, pero también entre 500 mil y un millón y medio de romaníes, tres millones de prisioneros de guerra soviéticos, casi tres millones de polacos no judíos, decenas de miles de personas con discapacidad, homosexuales, comunistas, sindicalistas, testigos de Jehová. El Tercer Reich no discriminaba por fe solamente. Discriminaba por existencia. La cifra total de víctimas civiles y militares del nazismo supera los veinte millones. La historia lo sabe. La narrativa dominante, no.
Esa narrativa —construida meticulosamente desde Washington y Tel Aviv durante la segunda mitad del siglo XX— eligió a una sola categoría de víctimas para cargar con el peso moral del exterminio. Reducir el Holocausto a una sola tragedia nacional permitía hacer algo que la verdad histórica completa no permitía: fundar un Estado.
La Declaración Balfour es de 1917. El movimiento sionista organizado lleva décadas antes de los campos de concentración. La partición de Palestina en 1947 fue una decisión de Londres y Nueva York, no una reparación espontánea de la humanidad dolida. Inglaterra cedió un territorio que no era suyo. La ONU ratificó una operación geopolítica con lenguaje humanitario. Y el trauma del Holocausto —real, innegable, atroz— fue el combustible moral que hizo posible lo que de otro modo hubiera sido llamado por su nombre: colonización.
Lo que siguió lo confirma. Cuando los judíos europeos llegaron a Palestina, encontraron una población palestina con siglos de historia en ese suelo, y encontraron también a los judíos que ya vivían ahí —los mizrajíes, arabófonos, integrados durante generaciones en la vida cultural de Oriente Medio— y los trataron como ciudadanos de segunda. La jerarquía fue inmediata: arriba los askenazíes europeos, abajo los judíos locales, invisibles los palestinos. Esa jerarquía delata la naturaleza del proyecto: europeo y colonial.
El Estado de Israel nació en 1948 en el contexto de la Guerra Fría con una función que el tiempo ha vuelto transparente: la instalación de una presencia militar occidental permanente en la región más estratégica del planeta. El cruce entre los campos petroleros del Golfo, las rutas marítimas del Mediterráneo y el flanco sur de la URSS requería una pieza fija en el tablero. Israel fue esa pieza. Un portaviones sin agua alrededor, anclado en Medio Oriente por decisión imperial. Lo que Washington llama “el único aliado democrático de la región” es, traducido a términos geopolíticos, la apuesta más valiosa de un tablero que nunca fue diseñado para el bienestar de nadie que viviera en él.
La narrativa del Holocausto reducida a una sola categoría de víctimas es una arquitectura. Sirve para que cualquier crítica al Estado israelí pueda ser etiquetada de antisemitismo, para que el sufrimiento real de millones de personas funcione como escudo de una política de ocupación, desplazamiento y exterminio que ya suma décadas. Los gitanos que murieron en Auschwitz no sirven para ese propósito. Los polacos masacrados en Treblinka tampoco. Los prisioneros soviéticos que murieron de hambre en campos alemanes, menos. Su muerte no funda ningún Estado. Por eso no se les nombra.
El problema no es moral. Es político, y los estados no pueden abstraerse de él. Mantener relaciones diplomáticas plenas con Israel —embajada, tratado de libre comercio, mil millones de dólares en intercambio comercial— mientras su ejército ejecuta una limpieza étnica documentada en Gaza no es neutralidad. Es una forma de aval. México votó en la ONU a favor de Palestina. Ese gesto es insuficiente cuando la arquitectura de la relación bilateral permanece intacta. La ONU no detiene genocidios: lo ha demostrado en Rwanda, en Bosnia, en Gaza. Lo que detiene a los estados es el costo político de sus socios. Romper relaciones con Israel no es un gesto radical. Es la consecuencia lógica de llamar a las cosas por su nombre. Mientras eso no ocurra, la condena verbal es decoración diplomática sobre una complicidad concreta. Y México debe tener una posición clara al respecto y explicar porque es que aún sigue manteniendo relaciones diplomáticas con un estado criminal.
