Krem-1, el pozo exploratorio de Pemex que arde desde el 5 de marzo en la sierra de Las Choapas, es la expresión más reciente de un patrón que atraviesa la estructura misma de la operación de Pemex en el estado: Coatzacoalcos y su litoral, los derrames recurrentes en el Papaloapan, la vinaza y los hidrocarburos que matan peces y enferman comunidades enteras, y ahora ciento dieciséis días de fuego activo que nadie ha logrado apagar.
No son accidentes aislados que coinciden geográficamente. Es un modelo extractivo que centraliza la riqueza petrolera en la Ciudad de México y descentraliza sistemáticamente el daño hacia el territorio que tiene la mala fortuna de sentarse sobre el subsuelo nacional.
El pozo, perforado a más de tres mil metros de profundidad en los ejidos Ignacio López Rayón y Constitución Mexicana y operado por Víctor Manuel Barragán Hernández, administrador del Activo de Extracción Veracruz de Pemex, explotó con un segundo incendio horas después del primero.
Desde entonces, diez mil veracruzanos en una docena de comunidades respiran ácido sulfhídrico, beben agua que ya no pueden beber, ven morir a sus aves y enferman con tos, vómito e irritación ocular que la empresa atribuye, con el mismo desparpajo de siempre, a causas ajenas a su responsabilidad.
El 16 de junio murió un trabajador contratista en el sitio; Pemex lo achacó a “condiciones médicas previas” con la misma ligereza con que descarta la contaminación de los arroyos Armadillo y Grande.
Ni la titular de Salud de Veracruz, Mariela Hernández, ni el Procurador de Medio Ambiente del estado, Ángel Carrizales López, han contradicho la versión de la empresa; ambos han respaldado, con su silencio o con sus declaraciones, la narrativa de que no hay afectaciones a la salud, narrativa que el trabajo periodístico independiente y los diagnósticos médicos documentados han desmentido con precisión.
Lo que distingue a Krem-1 no es la magnitud del daño ambiental, comparable a otros episodios recientes en el estado, sino la rotura pública de la palabra empeñada ante la propia Presidenta.
El director de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, se comprometió en la mañanera a sofocar el incendio antes del 20 de junio. Diez días después de esa fecha, el fuego sigue ardiendo y la pluma de contaminantes alcanza ya más de cien kilómetros, llegando hasta Tabasco y Chiapas.
Esa promesa incumplida no es un margen de error técnico: es la confirmación de que el compromiso de Pemex frente al gobierno federal y frente a la población vale exactamente lo mismo en cualquier escenario, que es nada.
La empresa anunció en junio que asumiría reparación de daños e indemnizaciones a productores y familias afectadas, sin plazos concretos para el pago ni censos concluidos.
La única fecha pública que Pemex llegó a comprometer —dos semanas a partir del 5 de junio, fecha en que Carpio Fragoso lo anunció en la mañanera celebrada en Coatzacoalcos— se incumplió sin explicación pública.
Semanas después, sin previo aviso ni rectificación ante la opinión pública, la empresa reconoció en un informe técnico que el control definitivo del pozo está proyectado hasta octubre.
De cuatro meses a un año de fuego activo, administrado sin que nadie en Pemex rinda cuentas por la primera promesa incumplida.
Esa es la lógica administrativa que convierte a Pemex, para el veracruzano de a pie, en una cruz que cargar antes que en un beneficio del que presumir.
Lo que se requiere no es más comunicación social, sino auditoría independiente del aire y el agua en las comunidades afectadas, con resultados verificables por terceros y no por la propia empresa que se audita a sí misma.
Se requiere que la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente impongan, no negocien, un plazo perentorio con consecuencias reales para Pemex si se incumple, en lugar de aceptar revisiones unilaterales de plazo sin consecuencia alguna.
Y se requiere, sobre todo, que el gobierno federal deje de tratar a Pemex como una entidad a la que se le pide y se espera con paciencia infinita, y empiece a tratarla como lo que es en este expediente y en los anteriores: una empresa del Estado que ha fallado de manera sostenida y repetida en proteger a ciudadanos mexicanos, y que debe responder con plazos, presupuesto etiquetado y funcionarios identificables, no con boletines de prensa.
Las comunidades de Las Choapas no han bloqueado carreteras ni tomado instalaciones. Han optado, hasta ahora, por cabalgatas, denuncias y una paciencia que la historia reciente de Veracruz —Coatzacoalcos, el Papaloapan, tantas otras cuencas— demuestra que tiene límite.
Cuando se agota, el costo político y social siempre ha superado por mucho el costo de haber actuado a tiempo.
Pemex tiene la obligación de apagar ese pozo, limpiar esos arroyos y pagar esos daños sin más prórrogas.
