A Donald Trump no le alcanza con invadir Venezuela ni con conquistar a Groenlandia. Tampoco se contenta con presionar al máximo a México y, menos aún, con provocar el derrumbe de Cuba. Sin premio Nobel de la Paz y sin esconder ya su vocación por el conflicto, sus ambiciones resultan máximas, ya que pretende reformular el derecho internacional de acuerdo con su moral, y el multilateralismo a partir de la unipolaridad. Es decir, desde su propia persona.
El objetivo de Trump ahora es Medio Oriente. Más allá de la sorpresa inicial, el reciente anuncio del Consejo por la Paz no es novedoso: su instauración fue aprobada en noviembre por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como correlato del “alto el fuego” entre Israel y Hamas bajo mediación de los Estados Unidos. Tal como fue establecida, la Junta se centrará exclusivamente en Gaza y su funcionamiento se extenderá hasta finales de 2027. O tal vez no.
Según su carta constitutiva, la Junta “es una organización internacional que busca promover la estabilidad, restablecer un gobierno confiable y legítimo y asegurar una paz duradera en áreas afectadas o amenazadas por conflictos”. Se supone que su propuesta incluye exclusivamente a Gaza, pero al mismo tiempo la trasciende para incluir otras áreas problemáticas, siempre a discreción del poder central emanado de la Casa Blanca.
El proyecto de estatuto establece que a las naciones que acepten la invitación se les otorgará un período de membresía de tres años, pero se otorgará membresía permanente a los estados miembros que contribuyan con más de mil millones de dólares en efectivo a la Junta de la Paz durante el primer año.
Como si se tratara de un club ultra exclusivo o de una hiper restrictiva fiesta de ricos y famosos, la cuota de admisión de mil millones de dólares funcionará como un disuasivo clave en el momento de determinar la estructura final del Comité. No alcanza con querer: también habrá que tener.
Aunque cabe imaginar que por méritos equivalentes también se puedan integrar aquellos gobiernos que, de una forma u otra, pueden ser sumados, ya sea para recompensar el seguidismo a ultranza, por prestigio y efecto simbólico directo o, simplemente, para hacer bulto.
Una estructura básica, confusa y dividida entre una “Junta de Paz” y una “Junta Ejecutiva”, podría considerarse como un “club de hombres”, ya que dentro de la veintena de nombres hay apenas dos mujeres propuestas: la ministra de Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos, Reem al-Hashimy, y la Coordinadora de las Naciones Unidas para el Proceso de Paz en Oriente Medio, Sigrid Kaag. Tampoco se incluyeron académicos especializados en el conflicto entre Israel y Palestina ni mucho menos líderes populares y activistas a favor de la paz.
Por el contrario, la nomenclatura está conformada principalmente por hombres de confianza del viejo caudillo: el secretario de Estado Marco Rubio; el enviado especial en Medio Oriente y asesor inmobiliario Steve Witkoff; el yerno presidencial Jared Kushner (además, uno de los principales articuladores de los Acuerdos de Abraham en el anterior mandato del magnate para el reconocimiento de Israel por un grupo de países árabes); el asesor presidencial Robert Gabriel Jr.; y el multimillonario director ejecutivo de la firma de inversiones Apollo Global Management, renombrado donante republicano Marc Rowan.
Además, se integró un conjunto de altos funcionarios de los gobiernos de Turquía, Qatar, Egipto y Emiratos Árabes Unidos, cuyos gobiernos tuvieron un papel central en el diálogo entre Israel y Hamas. En tanto que Benjamin Netanyahu por el momento decidió no sumar a nadie de su administración, no por críticas hacia el Consejo sino a la participación de algunas autoridades y a la invitación enviada desde la Casa Blanca a Turquía. Por lo pronto, y a título personal, por Israel sólo se sumó el multimillonario Yakir Gabay, dedicado a emprendimientos inmobiliarios.
Además, el Consejo incluye al actual presidente del Banco Mundial Ajay Banga, al primer ministro canadiense Mark Carney, y a algunos representantes europeos como el búlgaro Nickolay Mladenov, actual Coordinador de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio, y el ex primer ministro británico Tony Blair quien, por sus implicaciones en la invasión a Irak de 2003, probablemente sea el mayor obstáculo a un proceso real de diálogo entre israelíes y árabes.
Por último, funcionarios involucrados con la política de Trump en Gaza como Aryeh Lightstone y Josh Gruenbaum fueron designados como asesores principales. Según la Casa Blanca, se anunciarán nuevos miembros del Consejo por la Paz en las próximas semanas.
Frente a la invitación a sumarse prima la cautela, en tanto que ha trascendido que algunos mandatarios europeos están considerando no unirse a la junta y arriesgarse a la ira de Trump durante un período inestable de creciente conflicto global, más aún mientras el presidente continúa avivando las tensiones sobre el territorio danés de Groenlandia.
De ahí que si algunos gobernantes, como el francés Emmanuel Macron, de plano rechazaron la invitación, otros, en cambio, han apostado por dilatar la respuesta en medio de revisiones técnicas: ¿cuántos, efectivamente, tendrán a mano los mil millones requeridos como cuota de ingreso? O bien aprovecharán los encuentros de esta semana en el foro neoliberal de Davos y en cónclaves de la Unión Europea y de la OTAN para, tal vez, sentar una posición común o, más fácilmente, para analizar cómo se comportan los pares frente a una invitación que varios consideran inoportuna.
Dentro de las evasivas llama poderosamente la atención la respuesta del primer ministro polaco, Donald Tusk, quien declaró que necesitaría la autorización de su Consejo de Ministros para unirse a la flamante organización internacional y la ratificación de la Cámara Baja. Y como si hiciera falta (o tal vez en un acto de frontalidad desacostumbrada en el mundo político), señaló en una reciente publicación en X: “No permitiremos que nadie nos engañe”. ¿A quién se referirá?
En lo que podía considerarse como un tiro por elevación contra la ONU y su laberíntica burocracia, contra los intereses contrapuestos e inmovilizantes y contra la lentitud (a veces extrema) para resolver algunos de los más acuciantes problemas del planeta, la Carta también afirma “la necesidad de un órgano internacional de consolidación de la paz más ágil y eficaz” y pide “una coalición de Estados dispuestos y comprometidos con la cooperación práctica y la acción efectiva”.
La impronta corporativa resulta clara y juega a diferenciarse radicalmente de una dinámica política mucho más compleja y que requiere al diálogo como una instancia fundamental para avanzar en cada iniciativa, tratando de conciliar posturas y pensamientos muchas veces contrapuestos. El mundo de los negocios es mucho más pragmático y no suele reconocer diferencias ideológicas.
A ochenta años de su fundación, las Naciones Unidas viven por estas horas la amenaza más concreta a su funcionamiento, pero desde ahora también a su misma existencia.
Gobiernos como el de Donald Trump apostaron hasta ahora por vaciar de contenido a la ONU al limitar o, directamente, retirar su participación de las más variadas comisiones y departamentos.
Frente a la solución de los grandes problemas, la controvertida decisión de la Casa Blanca resulta intempestiva y plantea la necesidad de repensar cómo podría seguir operando en el futuro un organismo multilateral constantemente desafiado y, ahora también impugnado, por distintos gobiernos de ultraderecha, entre los que se encuentra el más poderoso del planeta, pero también algunos de sus vasallos más renombrados y que se solazan en su público y extremo servilismo.
Artículo publicado el 20 de enero de 2026 en Página 12.
