No hay matices. Si una autoridad estatal permitió la presencia operativa de agentes extranjeros sin autorización federal violó el orden constitucional. Punto. La seguridad nacional no se delega. No se negocia. No se abre por la puerta trasera.
Eso es lo que está en juego en Chihuahua. No es un diferendo político. Es una ruptura. No es cooperación: es operación sin control federal. Y hay un agravante: versiones indican que esos agentes habrían operado con uniformes de una institución estatal. Si se confirma, no es sólo presencia indebida. Es simulación institucional. Encubrimiento. Desdibujar quién actúa y bajo qué mando.
En la Cámara, el PAN hizo lo de siempre: ruido para tapar el origen. Interrupciones, desvío, acusaciones al aire. No para aclarar, sino para confundir. Si el problema nace en un gobierno estatal propio, la jugada es mover el foco. Convertirlo en pleito nacional. Diluir responsabilidades.
No es nuevo. Es patrón. Desde su origen, el PAN se plantó contra la expropiación petrolera. Frente a la soberanía económica, eligió otra cosa. Esa marca no se borró; se adaptó.
Con Fox y Calderón, la cooperación en seguridad se volvió dependencia. Se abrió la puerta a una relación asimétrica. La llamada “guerra contra el narcotráfico” terminó por supeditar la política de seguridad mexicana a inteligencia, financiamiento y conducción estratégica externas. El margen propio se redujo.
Por eso Chihuahua no es una excepción. Es continuidad. La línea entre cooperación y subordinación se cruza con facilidad. Coordinación cuando conviene, apertura indebida cuando aprieta.
La hipocresía en la Cámara no es táctica aislada. Es conducta, legalidad selectiva, soberanía de discurso, práctica funcional a intereses externos.
Aquí no hay debate técnico que valga. Ningún gobierno estatal puede abrir la puerta del territorio nacional a fuerzas extranjeras. No por eficacia, ni por urgencia, ni por cálculo.
Si esa puerta se abre fuera de la ley, no se compromete un gobierno. Se compromete el Estado y eso se llama traición.
