Hay una diferencia entre la oposición política y la traición. La primera discrepa sobre los medios o los fines dentro de un proyecto común de nación. La segunda trabaja activamente para que ese proyecto fracase, aunque para lograrlo deba subordinarse a intereses extranjeros. El PAN dejó de ser oposición política hace mucho. Lo que queda es otra cosa.
La línea es larga y está documentada. En 2006, Felipe Calderón llegó a la presidencia mediante un fraude cuya pieza central fue impedir el recuento general de votos que la ley permitía y la evidencia exigía. La operación fue mediática, judicial y política a la vez. El resultado fue doce años —seis de Calderón, seis de Peña Nieto en continuidad funcional— de destrucción institucional sistemática.
La llamada guerra contra el narco no fue una política fallida. Fue una política exitosa cuyos objetivos reales eran distintos a los declarados. Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Calderón, fue condenado en 2023 en Nueva York por recibir sobornos del Cártel de Sinaloa. El patrón de los operativos militares del sexenio coincide con el debilitamiento sistemático de los competidores de esa organización. El saldo fue más de 60 mil muertos, decenas de miles de desaparecidos y el fortalecimiento —no el debilitamiento— de las estructuras criminales sobrevivientes. Peña Nieto heredó esa arquitectura y la profundizó: normalización del narcoestado, Ayotzinapa como síntesis, privatización energética como botín.
Ahora es Maru Campos.
La presencia de agentes de la CIA en Chihuahua —operando sin autorización, sin cobertura diplomática, sin notificación al gobierno federal— no es una anomalía administrativa. Es la continuación lógica de una relación que el PAN ha cultivado durante décadas. La gobernadora no protestó. No informó. No exigió explicación. Su silencio no es omisión: es consentimiento. Y consentir la operación de una agencia extranjera en territorio nacional, en violación de los artículos 16 y 89 constitucionales, tiene nombre en cualquier orden jurídico: subordinación de la soberanía a un poder foráneo.
Conviene recordar qué es la CIA cuando opera en América Latina. No es una agencia de inteligencia en el sentido técnico. Es el instrumento que Washington despliega cuando los canales diplomáticos resultan insuficientes para garantizar gobiernos alineados al modelo. El registro está desclasificado en buena parte: Guatemala 1954, derrocamiento de Árbenz; Brasil 1964, golpe contra Goulart; Chile 1973, Pinochet contra Allende; Argentina 1976, Plan Cóndor; Nicaragua en los ochenta, financiamiento de la Contra; Venezuela 2002, golpe fallido contra Chávez; Honduras 2009, destitución de Zelaya; Bolivia 2019, golpe contra Evo Morales. En todos los casos el denominador es idéntico: un gobierno que construía autonomía estatal o amenazaba intereses económicos concretos fue intervenido, desestabilizado o derrocado.
El método se ha actualizado. Hoy la intervención rara vez es militar. Opera mediante lawfare —uso del sistema judicial como arma política—, presión mediática coordinada, condicionamiento económico y construcción de redes de influencia en las oposiciones domésticas. Brasil lo vivió con el encarcelamiento de Lula por el juez Sergio Moro, quien después se convirtió en ministro de Bolsonaro: la secuencia más explícita de lawfare registrada en la región. Colombia lo vive con la presión permanente sobre Petro. Ecuador lo vivió con el exilio de Correa. Bolivia lo revirtió en las urnas. México lo vive en el caso Rocha Moya: la entrega selectiva de funcionarios de nivel medio —con amparo federal vigente, ignorado— mientras se preserva intacto al círculo político de mayor peso no revela una operación de justicia. Revela una operación de inteligencia: extraer testigos cooperantes útiles a una fiscalía extranjera. Una persigue delitos. La otra construye el relato que necesita.
La campaña contra el proyecto de transformación es real, es intensa y opera en registros simultáneos: bloqueo judicial de reformas mediante amparos, narrativa mediática de ingobernabilidad, presión de calificadoras, presencia física de agencias estadounidenses en estados gobernados por la oposición. El PAN no recibe instrucciones. No las necesita. Comparte objetivos con quienes financian think tanks en Washington, con quienes redactan los informes del Departamento de Estado, con quienes operaron en Chihuahua sin permiso de nadie.
Eso no es oposición. Es el componente doméstico de una operación con dirección externa. Los gobiernos que no supieron nombrarlo a tiempo terminaron en Santiago en 1973, en Buenos Aires en 1976, en Tegucigalpa en 2009. Llamarlo por su nombre es el principio obligatorio. El nombre es colaboracionismo. Y el colaboracionismo, en cualquier época y en cualquier latitud, trabaja siempre del mismo lado: el que no es el de su país.
