El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue imputado y vinculado a proceso por la presunción del delito de desaparición forzada en agravio de David Lara Cruz, elemento de la Policía Estatal que fue levantado por sus propios compañeros y cuyo cuerpo fue hallado en la barranca La Aurora, ubicada en las inmediaciones de la academia de policía de El Lencero.
Sin embargo, el cuerpo de Lara Cruz tras ser extraído de la barranca y llevado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Xalapa, se practicó la necropsia, pero fue ordenado que se simulara el hallazgo de los restos en otro lugar, siendo “encontrado” en un paraje solitario de la localidad de Santa Anna, municipio de Alto Lucero.
Javier Duarte actualmente purga una sentencia de nueve años de prisión en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por asociación delictuosa y lavado de dinero en agravio de la arcas públicas de Veracruz.
Según la exposición de la Fiscalía, tras la imputación, Javier Duarte renunció al término constitucional por lo que de manera inmediata se le dictó la vinculación a proceso, razón por la que un juez de control del reclusorio regional de Pacho Viejo, Coatepec, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año y otorgó a la Fiscalía seis meses de investigación complementaria.
Pablo Campuzano de la Mora, abogado defensor de Javier Duarte, minimizó la imputación y vinculación a proceso, “Duarte no es ni posiblemente responsable del delito de desaparición forzada de personas; sin embargo, el juez de control autorizó la continuación formalizada de la investigación, vinculándolo a proceso por supuestamente entorpecer una investigación de dicho delito, sin siquiera contar con facultades para ello”.
El abogado expuso que la medida se determinó con sustento en una declaración donde existen indicios que fue arrancada bajo tortura y que incluso la Fiscalía General del Estado (FGE) reconoció su calidad de víctima.
“En dicha audiencia se decretó la nulidad de la declaración obtenida por medio de tortura del ex director general de servicios periciales de la FGE (Gilberto Aguirre Garza), reconociendo la presión que han sufrido varios testigos en manos de la Fiscalía del bienio anterior”, dijo.
El lunes pasado un juez federal otorgó a Javier Duarte de Ochoa la suspensión provisional en contra de cualquier orden de aprehensión, siempre y cuando los delitos que se le señalen no ameriten prisión preventiva oficiosa; pero será este viernes cuando se defina si se concede o no la suspensión definitiva.
La jueza del Décimo Distrito de Amparo en Materia Penal, Ruby Celia Castellanos Barradas, admitió la solicitud de amparo a Javier Duarte, quien además solicitó la protección de la justicia federal contra cualquier orden de localización, comparecencia o reaprehensión y para que la suspensión provisional surja efecto, el ex mandatario veracruzano deberá pagar una garantía de 28 mil pesos en un plazo no mayor a cinco días hábiles o perdería este beneficio.
Rodolfo Reus Medina, abogado penalista, advirtió que Duarte de Ochoa podría obtener su libertad antes de concluir su sentencia (2026) con una estrategia legal adecuada, debido a que ya cumplió más de la mitad de su sentencia y al ser el primer delito cometido podría solicitar el beneficio de una libertad anticipada, independientemente que está enfrentando un proceso por desaparición forzada.
“El delito de desaparición forzada no hay que olvidar que es de lesa humanidad y está muy penado en el estatuto de Roma, del cual México forma parte y las penas son muy elevadas; hay muchas modalidades y la que se le acusa a Duarte no es de las más graves”, expuso Reus Medina.
David Lara Cruz, el policía incómodo
En la causa penal número 22/2018 se establece que David Lara Cruz fue levantado por sus compañeros policías el 11 de enero de 2016, cuando salía de presentar los exámenes de control y confianza en las oficinas de la SSP de la colonia Francisco Ferrer Guardia.
Su cuerpo fue localizado junto con otros 18 cadáveres el 19 de enero de 2016 en la barranca La Aurora, cerca de la academia de policía de El Lencero, municipio de Emiliano Zapata.
Sin embargo, la FGE, en ese entonces encabezada por Luis Ángel Bravo Contreras, mano derecha y justiciera de Javier Duarte, de manera oficial reportó el hallazgo de cinco cuerpos en la barranca.
El hallazgo de Lara Cruz, de acuerdo con las indagatorias, llevó a la detención de Arturo Bermúdez Zurita, titular de la SSP de Veracruz; de Roberto González Meza, director de la Fuerza Civil; del fiscal general Luis Ángel Bravo Contreras, del director de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza; de la delegada de la Policía Ministerial zona Centro-Xalapa, Carlota Zamudio Parroquín; de la directora de investigaciones ministeriales, Rosario Zamora González, todos funcionarios en la administración de Javier Duarte, quienes actualmente gozan de libertad.
Además, se obtuvo la detención de más de 20 policías estatales con entrenamiento paramilitar que formaron parte del grupo élite de exterminio Los Fieles, La Fría o Fiel; sin embargo, quedaron pendientes de ejecución una veintena de órdenes de aprehensión.
Tras el hallazgo de David Lara Cruz, las investigaciones apuntaron a una serie de desapariciones forzadas sistemáticas perpetradas por Los Fieles, quienes detenían a jóvenes de Xalapa y la región por la simple sospecha de pertenecer al Cártel de los Zetas u otro grupo delictivo. Pero en lugar de ponerlos a disposición de la Fiscalía, los desaparecían y en otros casos los arrojaron a la barranca La Aurora, no sin antes someterlos a una serie de tratos inhumanos y degradantes.
