Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México habría ocultado información con la que se pudiera esclarecer el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y cuatro personas más ocurrida hace siete años en la capital del país, “la voluntad de avances es solo discursiva”.
En un comunicado, familiares de las víctimas del multihomicidio ocurrido en la colonia Narvarte el 31 de julio de 2015, Article 19 y Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC, exigieron “verdad, justicia, reparación integral y no repetición por los crímenes cometidos en contra de Alejandra Negrete Avilés, Mile Virginia Martin, Yesenia Quiroz Alfaro, Nadia Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril”.
“A siete años de lo ocurrido, la investigación continúa sin avances sustanciales. Siete años donde se ha imposibilitado el acceso a la justicia, verdad, y reparación para las víctimas ni sus familias. También enfatizamos que, a tres años del cambio de la Procuraduría a la Fiscalía y a pesar del discurso de buena voluntad para corregir las graves omisiones y errores de la anterior administración, los pocos resultados y el estatus actual de la indagatoria muestra que en la realidad esa voluntad de avances es solo discursiva”, exponen.
Recalcaron que actualmente siguen sin conocer la verdad de los hechos y que el mayor aporte a las investigaciones lo han hecho las propias familias, los cuales fueron presentados públicamente en marzo de 2022.
Agregaron que esto posibilitó que las autoridades aceptaran la participación de más de tres personas en el crimen y que se reanudaran las mesas de trabajo con las familias, prometidas por la fiscal Ernestina Godoy, quien desde su nombramiento como titular de la institución en 2020 no había cumplido.
“Los hallazgos son información que nos había sido negada por años, la cual obraba en el expediente. Es decir, son pruebas que las autoridades tenían a su alcance y podrían haber avanzado desde el día uno en la investigación con el fin de conocer la verdad y garantizar la justicia”, reclamaron.
Criticaron que en siete años las autoridades han perdido evidencia importante para el esclarecimiento del caso, como las sábanas de llamadas de algunos de los implicados, “ahora se sabe que había un número telefónico clave en el crimen, pero la entonces Procuraduría no ejecutó ninguna diligencia, por lo que hoy dichas sábanas no pueden ser recuperadas”.
Señalaron que además se extraviaron objetos personales de las víctimas, como teléfonos celulares, computadoras y dispositivos USB registrados en el expediente pero que nunca fueron entregadas a las familias. Acusaron que también se descartaron como evidencia las vestimentas y zapatos de Rubén, Alejandra y Yesenia, las cuales se desecharon a pocos días de lo sucedido en lugar de hacerles exámenes periciales.
Las familias fustigaron que la falta de atención adecuada, sensibilidad, la filtración de información y la reproducción de información errónea o incluso mentiras por parte de las autoridades perpetúan la impunidad en este crimen, por el que actualmente hay dos sentenciados.
En este sentido, recalcaron que dos personas sentenciadas y una persona procesada más no es sinónimo de justicia. “El hecho de que hayamos identificado más personas implicadas entraña una operación previamente planeada en la que, no dudamos, hay niveles de connivencia y complicidad de autoridades. Muestra de ello es la manipulación de la investigación durante la gestión de los procuradores Garza y Garrido, que no ha sido enmendada por la actual administración”.
Las familias también insistieron en que para llegar a la justicia se tiene que desvelar el móvil del crimen, así como la participación de cada uno de los involucrados, material e intelectualmente, así como de aquellos que han garantizado la impunidad durante estos siete años.
Lamentaron que respecto de la línea de investigación sobre la libertad de expresión y defensa de derechos humanos apenas se han iniciado algunas diligencias en Veracruz para identificar el contexto de agresiones permanentes contra la prensa y el modus operandi de las autoridades en aquel entonces. Reiteraron que es urgente que se avance en la “línea Veracruz” y que se incluya el análisis del contexto y el panorama sociopolítico de la entidad en términos de ataques a la prensa y al movimiento de derechos humanos, razón por la cual Nadia y Rubén se vieron forzados a desplazarse fuera de esa entidad.
“Siete años después de los hechos, y considerando los hallazgos, nos encontramos en un momento clave para que todas las personas involucradas en el crimen sean plenamente identificadas y procesadas judicialmente”, consideraron.
Asimismo, los declarantes afirmaron tener la mejor disposición de continuar el diálogo y el trabajo con la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México pero que mantendrán su postura crítica ante las fallas y omisiones de las autoridades.
Ante ello, las familias de las víctimas y las organizaciones que las acompañan, exigieron agotar todas las líneas de investigación, incluida la “línea Veracruz”, la cual tiene relación con el activismo de Nadia Vera y la labor periodística de Rubén Espinosa; también hacer las diligencias necesarias para establecer la identidad de los involucrados, así como de aquellas personas que han perpetuado la impunidad por estos siete años.
Además, investigar a las y los funcionarios de la entonces PGJCDMX involucrados en la manipulación y desvío de la investigación, así como de la filtración de información del caso; agotar en su totalidad todas las líneas de investigación con la finalidad de saber cuál fue el móvil del crimen; dejar de revictimizar a las familias, considerando su calidad de víctimas y dejarlas de tratar como responsables de la investigación.
Generar diligentemente todas las acciones que aseguren la reparación integral del daño para las familias, incluyendo las medidas de rehabilitación, compensación, restitución y satisfacción, las cuales siguen al día de hoy pendientes.
Exigimos que en el proceso de reparación simbólica se construya en conjunto con las familias, donde exista una disposición de las autoridades para escuchar, respetar la opinión y decisiones de las familias en relación a la memoria y dignificación de Mile, Yesenia, Nadia, Alejandra y Rubén.
Exigimos la responsabilidad de las autoridades a cumplir a cabalidad con la recomendación 4/2017 de Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM); hacemos un llamado a Claudia Sheinbaum jefa de Gobierno, para que se pronuncie públicamente y se comprometa a combatir la impunidad en este caso.
Por último, dieron a conocer que el miércoles 3 de agosto se reunirán con la fiscal Ernestina Godoy, encuentro en el que esperan saber de avances contundentes del caso, pues no quieren “nuevamente llegar a otro aniversario más sin justicia, sin reparación integral y sin verdad”.
