La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) de Veracruz, Delia González Cobos, advirtió que el revés al Informe de la Cuenta Pública 2021 podría corresponder a las observaciones detectadas en el municipio de Tantoyuca, donde el panista Amado Guzmán Avilés dejó un presunto daño patrimonial por más de 252 millones de pesos.
De ahí que el Congreso del Estado rechazó la Cuenta Pública 2021 y están a la espera que pase al pleno el lunes para saber si se hará una revisión a todo el informe, es decir, a los 313 entes fiscalizables, o solo algunos.
“En el caso de Tantoyuca se debió que no nos proporcionó la documentación a tiempo, si es el caso de Tantoyuca que quieren que revisemos, pues lo revisamos”, dijo González Cobos al recordar que para ello se necesita un presupuesto extra.
Explicó que el ayuntamiento, en ese entonces encabezado por el hermano del ex presidente del PAN Veracruz, Joaquín Guzmán Avilés, excusó que estaban siendo revisados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por lo que consideraron que no debían entregar la documentación al Orfis.
Si bien la ASF practicaba una auditoría al municipio de Tantoyuca, ésta solo corresponde a los recursos federales aplicados, de ahí que el Orfis tiene facultades constitucionales para auditar esta demarcación aunque haya estado siendo auditada por la autoridad federal.
González Cobos explicó que la ASF auditó 52 municipios veracruzanos, de los cuales el único que no proporcionó la documentación requerida al Orfis fue Tantoyuca, por lo que se envió otra solicitud de requerimiento, la cual negaron y motivó a imponer una sanción económica al municipio, la cual impugnaron las autoridades municipales, pero no otorgaron las pruebas para solventar.
“El Orfis cuenta con la competencia para actuar en concurrencia con cualquier autoridad que sea”, precisó González Cobos. Es decir, que aunque la ASF realizará su auditoría, el Orfis tiene las facultades para requerir también a los municipios la información del gasto ejercido.
Recordó que en las reuniones que sostuvo con los diputados de la Comisión de Vigilancia fue cuestionada sobre por qué en este ayuntamiento fue observada toda la obra pública del último año de la administración municipal de Amado Guzmán Avilés, donde se detectó un presunto daño patrimonial de 252 millones 502 mil 8.97 pesos.
González Cobos precisó que el ayuntamiento de Tantoyuca no entregó información ni pruebas documentales, por tal razón no existe certeza de que la obra pública se haya hecho en términos correctos, y por tanto la ley la obligada a colocar todo como presunto daño patrimonial.
“No podíamos dejar de atender nuestra función fiscalizadora. Yo no podía dejar de atender Tantoyuca, porque incurriría en incumplimiento de un deber legal, yo no me voy a ubicar en una responsabilidad de esa naturaleza, lo siento, pero aquí todos parejos”, fustigó Delia González.
Detalló que resultaba más fácil para el ayuntamiento de Tantoyuca poder entregar información requerida, pero no atendió ninguna de las peticiones del Orfis y por tanto se derivó en calificar como daño patrimonial toda la obra pública ejercida en 2021.
Tal situación le fue explicado a los diputados, sin embargo dijo que una legisladora se molestó y a partir de ahí, es que derivó que la próxima semana le devuelvan el Informe de la Cuenta Pública 2021.
