La directora general de Administración del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV), Joana Marlén Bautista Flores, confirmó que están negociando con las empresas encargadas de la construcción de las ciudades judiciales para cancelar los contratos que están pendientes de cumplir.
En la actualidad hay al menos ochos ciudades judiciales en operación, y hay pendiente de cumplir los contratos de las ciudades de Orizaba, Tantoyuca, Huayacocotla, Perote, Coatzacoalcos, Zongolica, Poza Rica, Minatitlán, Chicontepec, Tierra Blanca, Ozuluama y Álamo.
Al respecto, Bautista Flores explicó que la idea es llegar a un acuerdo con la empresa Desarrolladora CJ I SAPI de CV RL y así alcanzar un ahorro para el PJEV de más de 2 mil 400 millones de pesos, que es el monto que tendrían que pagar en los siguientes 300 meses.
“Lo demás se va a seguir pagando. Tal vez más adelante podamos llegar a un nuevo acuerdo con la desarrolladora para las tarifas que les cobran por servicios y renta”.
Aclaró que ninguna ciudad judicial va a quedar sin concluir, y destacó que las que están en funciones son eficientes para la atención a los justiciables, sin embargo, el mantener los contratos les implica un endeudamiento a largo plazo que no es sostenible.
“Toda la vida el personal sufrió de carencias, y estas ciudades han valido la pena. Nosotros presupuestamos las obras de cabecera, si se va a hacer y si sabemos que no se podrá construir, no nos aventamos”.
Comentó que el Poder Judicial cuenta con terrenos propios y se planea, a través de fondos federales, empezar a construir juzgados, sin embargo, eso se tendrá que ir planeando en los siguientes ejercicios fiscales.
