Clara Zepeda
En 2022 el procedimiento más común para otorgar los contratos de obra pública, así como de adquisiciones, arrendamientos y servicios de los gobiernos municipales, fue la adjudicación directa, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Durante la presentación virtual del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2023, en donde se proporciona información estadística y geográfica sobre el desempeño y gestión de las instituciones, Dwight Dyer, director general de estadísticas de gobierno, seguridad pública y justicia del Inegi, precisó que las administraciones públicas municipales entregaron 196 mil 265 contratos en 2022, 44.7 por ciento más que en 2020.
El monto total de los contratos ascendió a 237 mil 320 millones de pesos, 67.3 por ciento se ejerció en obra pública y en servicios relacionados, mientras que 32.7 por ciento se dedicó a adquisiciones, arrendamientos y servicios.
El procedimiento más común para otorgar los contratos de obra pública y servicios fue la adjudicación directa, con 57.6 por ciento de los casos; pero la licitación pública, estatal, regional o local sirvió para adjudicar el mayor monto de esta materia, con 32.4 por ciento.
Por otro lado, los municipios destinaron 77 mil 510 millones de pesos a contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, la adjudicación directa fue el procedimiento más común con 78.9 por ciento de los contratos, y con el que se manejó el mayor monto, con 50.7 por ciento.
Durante 2022, mil 391 administraciones públicas municipales operaron algún programa o acción de desarrollo social. En total se manejaron 7 mil 394 programas sociales y se ejerció un presupuesto de 20 mil 753.2 millones de pesos.
Del total de programas, 64.2 contó con reglas de operación y 62.6 por ciento con un padrón de personas beneficiarias. Estos recursos atendieron los derechos de alimentación (25.9 por ciento), salud y educación, 18.1 y 15.4 por ciento, respectivamente.
Reto, atender corrupción en control interno
En la presentación de la octava edición del censo, en donde se visitaron 2 mil 475 municipios y demarcaciones territoriales, Adrián Franco, vicepresidente de la junta de gobierno del Inegi, resaltó que entre los principales problemas o fenómenos de los que está preocupada la población destacan la seguridad pública, la corrupción, temas económicos o de salud, después de la pandemia; y en el caso de los municipios, evidentemente el rol y equidad de género de las mujeres.
En el 2022 se reportaron 107 policías preventivos por cada 100 mil habitantes, mientras que hace 10 años eran 116 mil, lo que muestra la debilidad institucional en el ámbito de la seguridad pública municipal.
“Uno de los temas que más preocupan a nivel nacional es el combate a la corrupción. En el caso de los municipios, la interacción con las personas es constante”, destacó Franco.
Más de 64 millones de trámites y servicios se gestionaron en las administraciones públicas municipales, por lo que sugiere un potencial riesgo de corrupción.
Una de cada cinco administraciones públicas no tiene o no reportó alguna instancia encargada del control interno; es decir, hay 17.5 por ciento que no tiene instancia, nadie la vigila, no hay un institución del estado o una auditoría que la supervise.
En la última década se ha reducido más de 40 por ciento el personal adscrito a los órganos internos de control, lo que pone en riesgo las políticas públicas que tienen que ver con el combate a la corrupción en el ámbito de gobierno municipal.
Sólo 25 por ciento de las administraciones públicas cuentan con un programa anticorrupción. Una cuarta parte tiene como foco esta temática.
Para reflejar la importancia de la fiscalización de control, una quinta parte de la totalidad de los municipios inició más de 3 mil investigaciones administrativas, tan sólo en los procesos de entrega-recepción.
“Los municipios tienen que enfrentar los retos que implican el fortalecimiento institucional para atender los temas de corrupción”, aseveró el vicepresidente del Inegi.
