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Exponen inconsistencias en aprehensión de ex jefa de la unidad de género por ultrajes

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Agencias

La única prueba que tenía la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en contra de la jefa de la Unidad de Género de la Fiscalía General del Estado, Adriana “N”, detenida el 2 diciembre del 2021 por el presunto delito de ultrajes a la autoridad, era un teléfono celular, el mismo que sirvió para que ella y su esposo demostraran que se enviaron mensajes a las 06:38 horas; mientras que las autoridades escribieron en el informe policial homologado (IPH) que su detención fue hecha a las 2 de la madrugada.

Adriana “N” y el abogado defensor Arturo Nicolás Baltazar ofrecieron una conferencia de prensa en Xalapa para señalar que le fue inventado el delito de ultrajes a la autoridad, y que no fue detenida junto con el alcalde electo de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por el municipio de Lerdo de Tejada, Jorge Fabián “N”, el día 2 de diciembre del 2021.

Adriana explicó que ella vive en la zona conurbada Boca del Río-Alvarado y recibió una llamada de sus jefes para decirle que se trasladará a la ciudad de Xalapa y la verían a las 5 de la madrugada en un hotel, en donde tratarían un asunto laboral.

Ahí, los policías la detuvieron, le quitaron el teléfono celular y la trasladaron a las oficinas de la Policía Ministerial, y le informan que está destituida del cargo público y además está detenida por el delito de ultrajes a la autoridad.

“Me citan en el hotel para decirme que quería hablar una persona a las 5 de la mañana, me dicen que acompañe a unas personas. Yo era la jefa de la Unidad de Género de la Fiscalía General del Estado, y en la madrugada del 2 diciembre estando yo en la Dirección de la Policía Ministerial llegan y me destituyen con un acuerdo de remoción por ser de confianza y ese mismo día me juzgan”, recordó. 

Adriana mostró a la prensa el IPH con el número VZ/FC/089/02122021/0007, en que los policías de la SSP afirman que fue detenida a las 01:45 horas.

El documento al pie de la letra señala: “A las 02:05 el suscrito Rigoberto Salas Domínguez procedía a realizar el procesamiento de un teléfono celular, marca Samsung, color gris, como lo es recolección, embalaje, sellado y etiquetado, y en el lugar se inició el registro de cadena de custodia”.

Al respecto, Adriana que estuvo en prisión durante 100 días expuso: “cómo es que dicen que a las 02:05 me quitan el teléfono, lo embalan, lo resguarda la Policía y ya estaba esposada y detenida, cómo se explican que yo a las 06:38 de la mañana le mandé un mensaje a mi esposo y le dije en dónde estoy yo, y le pongo: me detuvieron, policía, ven, tamal. Tamal es que están armando algo que no existe. Le escribí: ayúdame, tomé mi cel a escondidas”.

Al instante alrededor de las 06:38 de ese 2 de diciembre su esposo le llamó al celular; “él me marca, yo le rechazo la llamada y le digo tomé el cel a escondidas, le mando la ubicación y le pongo Ultrajes inventados; hay faltas de ortografía porque escribí rápido; aproveché el momento en que la mujer policía subió a reportar; ¿cuánto demoraban o esperaban? Yo escuché cuando dijeron estamos esperando cómo armamos el IPH de los ultrajes”.

En la acusación, refirió Adriana, una mujer policía la señaló de haberla ultrajado: “Ahí es cuando escucho y le escribo a mi esposo, nunca me detuvieron, jamás ultrajé a ningún policía; a la mujer que supuestamente ultrajé la conocí en la Dirección de la Policía Ministerial, ahí me entregaron con ella, y ahí un policía dice que me somete, me esposa, me traslada, pero ahí lo conocí en la Dirección de la Policía Ministerial y de ahí me trasladan a las oficinas de la calle Úrsulo Galván en Xalapa”.

Adriana afirmó que no cometió delito alguno, sin embargo, la FGE señaló que la mantuvieron en un penal de Tuxpan, localizado a siete horas de su domicilio familiar, la privaron de no ver a sus tres menores hijos por más de tres meses y medio.

“Es violencia de género, no podemos permitir que sigan exponiendo a las mujeres de la forma en que me lo hicieron, no podemos permitir más gente en la cárcel. Porque yo soy inocente y así estuve privada de mi libertad, más de 100 días sin ver a mis hijos, sin navidad, sin reyes magos, sin cumpleaños, son tres niños de nueve, 10 y 12 años que son las víctimas, ellos son las víctimas, no yo”.

En voz del abogado defensor Arturo Nicolás Baltazar afirmó que la SSP y la FGE utilizaron el mismo método de detención que han ocupado para privar de la libertad legalmente a otros ciudadanos veracruzanos señalados por el delito de ultrajes a la autoridad.

“La única prueba que hay en contra de Adriana es el celular; que dicen que fue embalado a las 2 de la mañana y aquí lo tenemos en el IPH y nuevamente hay señalamiento de policías que mienten en el Informe Policial Homologado, lo único que faltó fue que pusiera en el informe que llevaba drogas y que le disparó a los policías; es el mismo modus operandi y por lo mismo es importante que la sociedad veracruzana se entere cómo se fabrican delitos a ciudadanos inocentes”, informó el abogado.

Arturo Nicolás explicó que Adriana obtuvo la libertad por una suspensión provisional que le concede un juez de distrito, debido a que la jueza del Poder Judicial de Veracruz (PJEV), Mónica Segovia, insistía en mantenerla como persona privada de la libertad en el penal de Tuxpan.

“Adriana obtiene su libertad, pero no porque un juez de control de Pacho la pusiera en libertad, prácticamente obligaron a la jueza Mónica Segovia a hacerlo porque ella se negaba. Tuvimos audiencia el 4 de marzo y la jueza ordenó que la prisión preventiva se prolongara por un año más a pesar de que el delito está derogado”, comentó el abogado.

El martes 15 de marzo, en una de las salas de juicios orales del Distrito Judicial de Xalapa con sede en la localidad de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, la jueza de control Mónica Segovia se vio obligada a conceder la libertad a Adriana tras haber obtenido una suspensión de un juez federal, explicó el abogado.

Refirió que “el día de ayer en audiencia volvimos a solicitar que tomara en consideración la invalidez al artículo 331 del Código Penal de Ultrajes a la Autoridad que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); la juez nos respondió que mientras el Congreso del estado no publique en la Gaceta el delito de ultrajes a la autoridad ella va a mantener a todas las personas presas en la misma situación”, finalizó el abogado defensor.

Cabe mencionar que el martes 15 de marzo alrededor de las 12:50 horas, Adriana “N” obtuvo la libertad y fue trasladada por personal de la SSP y la FGE de la localidad de Pacho Viejo hacia el penal de Tuxpan y viajó de regreso acompañada por el abogado Arturo Nicolás, y a las 10:30 horas de éste miércoles dieron la conferencia de prensa en Xalapa.

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