La diputada local Perla Romero dio a conocer que este 2022 se logró la regularización de escuelas que tenían hasta 100 años de no contar con documentación que pudiera avalar su situación jurídica.
En entrevista, la diputada integrante de la Comisión Especial de Seguimiento y Atención de la Regularización de los Predios Escolares estimó que en lo que va de la actual Legislatura se lograron regularizar entre 40 y 50 expedientes de escuelas en situación irregular.
Cabe mencionar que los planteles educativos que no cuenten con su situación jurídica en orden, no pueden hacerse acreedores o beneficiarios de algún programa municipal, estatal o federal.
“Hay planteles educativos de más de 120 años. Se han regularizado escuelas de 100 años, de 80 años, de 70 años que habían estado así, y están obviamente en condiciones deplorables y de lo que se trata es de dignificar la educación de los niños”.
La legisladora consideró que hay un rezago increíble en cuanto a la situación de estas escuelas, el cual pretenden abatir con el apoyo de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).
“El Congreso solo cae en el supuesto de fundo legal. Nosotros lo que hacemos es que, cuando cae en este supuesto, apoyamos directamente, y cuando no, los canalizados a las instancias correspondientes”.
A su vez, hizo mención de que, sigue habiendo desinformación por parte de los directivos de las escuelas, quienes piensan que los trámites son engorrosos y es muy tardado ordenar sus planteles.
“Nosotros estamos tratando de agilizar todos los trámites, remediar la falta de información, no saber qué puertas tocar, es por eso que los invitamos a que se acerquen con una servidora o a las oficinas del Congreso local”.
Expuso que son las zonas rurales del estado las que más reportan esta situación, ya que en su mayoría las escuelas han sido donadas o son parte de un ejido.
“Ahorita los alcaldes tienen mucha disposición, están trabajando con la Secretaría, el jurídico de la Secretaría, ellos tienen la disposición de agilizar toda esta tramitología para regularizar a las escuelas”.
Aclaró que en caso de que una instancia gubernamental quisiera inyectar recursos a un plantel no regularizado, sería considerado como daño patrimonial.
