El investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y experto en Seguridad Social, Gustavo Leal Fernández, opinó que antes de pensar en una reforma al actual sistema estatal de pensiones, se debe analizar la juridicidad, es decir, qué se está pagando, cuánto y a quiénes, para dar un orden que permita abatir el déficit crónico que se tiene en el rubro.
Al ser invitado por integrantes de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev) a dar la charla “Los gobiernos cambian, pero las pensiones se defienden”, advirtió que a nivel nacional se busca “copiar” o “imitar” un modelo de pensiones que no sería acorde con las condiciones del estado.
Y es que hizo mención de que Veracruz es el ejemplo de un debate sobre las pensiones a nivel estatal, ya que se ha reconocido incluso a nivel nacional a través del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) que se han hecho cosas positivas en favor de los pensionados y jubilados, por ejemplo, recuperar las deudas de los municipios, su patrimonio, entre otros. Por lo anterior, expresó que Veracruz tiene que resolver con sus términos y condiciones su desafío pensionario, antes de pensar en hacer una reforma.
Recordó que tanto la directora del IPE, Daniela Griego Cevallos, como el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco, han reconocido un déficit financiero para el pago de pensiones, que en un futuro pudiera ser grave, por tanto, coinciden en que es necesario una nueva Ley de Pensiones.
En ese sentido, Leal Fernández señaló que a ambos funcionarios de la actual administración estatal les falta lo duro y lo verdaderamente complicado de analizar de un sistema de pensiones, que asegura es la juridicidad de los pagos.
“Antes de proponer siquiera cualquier reforma, antes de mencionarla, no amenazar, tienen que revisar a fondo, tienen que ver la juridicidad a fondo del pago de pensiones en el IPE, área por área, grupo por grupo, línea por línea, no se dice nada de lo que se ha estado discutiendo, se está pagando a jubilados y pensionados, pero cómo está la estructura, qué sabemos de eso, eso es lo que requeriríamos y eso se tiene que transparentar”.
Y abundó: “Antes de hacer un diseño, cómo se está pagando, quién recibe qué y cómo. Juridicidad en el pago de las pensiones, meterse al cuarto de máquinas del IPE y decir: así se está pagando. Tenemos pensiones de 18 mil, tenemos pensiones de 90 mil, tenemos pensiones de 7 mil, es lo que falta”, consideró.
También propuso capacitar a los funcionarios del IPE en materia de Seguridad Social amplia, es decir, considerando a los jóvenes y cuestionando qué se hará con el tema de la informalidad y cuál sería el impacto de la inflación en salarios y pensiones.
Aseguró que hay un desorden en el pago, pero si se pone en orden, con base en ese resultado, sería justo decir que se puede hacer un nuevo modelo del sistema pensionario en el estado.
El investigador hizo referencia a que hay que defender la seguridad social, ya que el gobierno dura cinco o seis años, pero la población que cotizó va a estar amparada hasta que muera, ya que es su derecho por 30 años de servicios, recibir una pensión digna.
