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Complejo Penitenciario Federal de Papantla, 15 años en abandono y 10 mil mdp invertidos

El silencio domina el Complejo Penitenciario Federal No. 3. Apodado el "Súper Penal" durante la gestión de Felipe Calderón, sus niveles de seguridad ultra, súper y media máxima lo hacen único. A pesar de ello, aún no ha entrado en funcionamiento, dejando solo el eco del viento en su entrada.

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Durante el gobierno de la Cuarta Transformación no se ha pagado un peso a ninguna empresa para la construcción del Complejo Penitenciario Federal de Papantla No. 3, que lleva 15 años en abandono; por el contrario, se mantiene un litigio ante el Fiscalía General de la República (FGR) con empresas para obligarlas a concluir la obra, expuso Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. 

Durante la conferencia mañanera en Coatzacoalcos, mencionó que se destinaron más de 10 mil millones de pesos a un penal que no fue terminado y se inauguró en dos ocasiones, pero además se pagó a más de 15 empresas que son parte de redes de corrupción. 

Aclaró que a partir de 2018, se firmó un convenio con una empresa que tiene el deber de terminar los pendientes, pero a la fecha tampoco ha avanzado. Aclaró que aun cuando en el presupuesto federal se han destinado recursos para esta obra, “no se ha pagado un sólo peso”. 

Las irregularidades

Desde el presidente Vicente Fox Quezada, la obra ha recibido 5 mil 600 millones de pesos, casi 50 por ciento de sobreprecio, pues el costo original era de 2 mil 600 millones para este penal de máxima seguridad, que albergará hasta a 2 mil 160 internos. 



En la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la tercera entrega de la Cuenta Pública 2019, se hicieron observaciones a la empresa encargada de la obra, Servicios Infraestructura y Tecnología Papantla SA de CV, a quien se le adjudicó de forma directa el contrato en la modalidad de asociación pública-privada.

El contrato con la empresa se firmó el 20 de julio del 2018 –en el gobierno de Enrique Peña Nieto– para la construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del complejo, así como para prestar el servicio integral de capacidad penitenciaria.

El contrato se divide en dos etapas: la primera denominada “Etapa de actividades previas”, que consiste en el diseño, desarrollo, construcción y conclusión de la infraestructura del Complejo Penitenciario Federal Papantla, así como el equipamiento y puesta en punto del mismo; y la segunda denominada “Etapa de prestación del servicio”, consiste en la prestación de servicios auxiliares por los próximos 20 años a partir de la conclusión de la primera etapa.

De acuerdo con los anexos en el contrato, la duración de estas actividades previas no debía ser mayor a 20 meses. La fecha de inicio del proyecto se programó para julio de 2018, con una fecha de conclusión y de inicio del servicio integral de capacidad penitenciaria en diciembre de 2019.

Sin embargo, la empresa tuvo que firmar un convenio modificatorio para retrasar los trabajos, pues no pudo obtener un crédito para financiar la obra, por lo que el contrato se amplió hasta noviembre de 2020.

Al hacer la auditoría de cumplimiento de inversión, se detectó que durante el proceso de la adjudicación directa la empresa no acreditó contar con la capacidad financiera, técnica, operativa para dar cumplimiento a sus obligaciones, ya que incluso tuvo que celebrar un convenio de colaboración para presentar la cotización bajo el esquema de consorcio junto con otras empresas.

La ASF determinó que el Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social no justificó por qué se solicitó a la empresa presentar una cotización para la ejecución del proyecto sin que se hubieran valorado a otras empresa como opciones. Esto ocasionó retraso en la obra. Según la ASF, en 2019, se programó una inversión privada para el proyecto de mil 518 millones de pesos y en la Cuenta Pública, la Secretaría de Gobernación (Segob), a cargo del proyecto, reportó que sólo se ejerció un total de 27 millones de pesos por concepto de la adquisición de las fianzas de cumplimiento y de las pólizas de obra civil y de transporte de carga, y la ejecución del proyecto ejecutivo.

Esto se debió a que la empresa Servicios Infraestructura y Tecnología Papantla no obtuvo el financiamiento para la ejecución del proyecto, por lo que solicitó reconocer la existencia de una causa excusable y modificar las fechas de conclusión de las actividades previas, y se suscribió el primer convenio modificatorio el 8 de abril de 2019 para ampliar en 142 días naturales el periodo de ejecución de las actividades con una fecha de conclusión a noviembre de 2020, en cumplimiento con lo establecido en el contrato.

El centro penitenciario de cuatro sexenios

El proyecto “Construcción, Rehabilitación, Adecuación, Equipamiento y Amueblado del Complejo Penitenciario Federal Papantla” fue inscrito en la cartera de programas y proyectos de inversión con número 0836E000019 en 2007, y con un avance físico de 80 por ciento, el proyecto quedó suspendido en el año 2017.

La obra, que fue continuada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa tuvo la colocación de la primera piedra en 2008; se aseguró que el “súper penal” sería inaugurado en 2010 pero tuvo un retraso y con ello se firmó un nuevo convenio con Desarrolladora y Constructora de Proyectos Integrales Typp SA de CV; Tradeco Infraestructura SA de CV; así como Promotora y Desarrolladora Mexicana SA de CV, que amplió la obra hasta el 27 de marzo de 2011.



El plazo no se cumplió y se renovó con una nueva inyección de recursos por 515 millones 364 mil 300 pesos. Luego, con el pretexto de que estaba al 90 por ciento, el gobierno de Felipe Calderón aumentó en 272 millones 726 mil 500 pesos la obra que debía ser terminada el 15 de octubre de 2012. 

Ya en la administración de Enrique Peña Nieto se inyectaron 3 mil 521 millones 800 mil pesos pero tampoco se concluyó. Ahora con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se anunció que se destinarían 3 mil 959 millones de pesos para concluirlo. 

El 31 de julio del 2017, la Secretaría de Gobernación a través de su Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) actualizar su registro en la cartera de programa y proyectos con la modalidad de inversión de tipo Asociación Pública Privada (APP).

El proyecto fue reactivado en julio del 2018. El espacio se ubica en los ejidos Ojital y Potrero con 279 mil 195 hectáreas, en las que se tienen planeados cuatro módulos de máxima seguridad, dos de mediana, uno de mínima, así como un módulo de observación y vigilancia.

La fecha de inicio del proyecto durante la más reciente intervención se programó para julio de 2018, con una fecha de conclusión e inicio del servicio integral de capacidad penitenciaria en diciembre de 2019; sin embargo, como resultado de la suscripción de un primer Convenio Modificatorio al contrato, la fecha para el arranque se amplió hasta noviembre de 2020.

Al inicio de las actividades previas el complejo penitenciario contaba con 17 edificios concluidos, y faltaban por construir siete, entre ellos el de visitas, juzgados, área canina y armero de seguridad penitenciaria; sin embargo, a pesar de que la obra ya fue concluida, sigue sin operar.

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