Cerca de 10 por ciento de los posibles daños al erario detectados en el segundo informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la fiscalización de la Cuenta Pública 2021 corresponde a anomalías observadas en universidades públicas e instituciones de educación media superior.
Al revisar con 213 auditorías el ejercicio de 25.4 por ciento de los 99 mil 770 millones de pesos de recursos federales canalizados a instituciones de educación superior y media superior nacionales y estatales, la ASF determinó posibles daños al erario por mil 73.2 millones de pesos, de los que se han reintegrado a las arcas federales 242.4 millones y quedan pendientes 830.7 millones.
Persisten problemas estructurales y prácticas irregulares en las instituciones educativas que han sido documentadas por años por la ASF, como el pago de plazas no reconocidas, desembolsos injustificados y erogaciones por sueldos y prestaciones que exceden lo autorizado.
La ASF revisó el programa presupuestal federal U006, que busca responder al problema de la insuficiencia de recursos para atender las necesidades de instituciones educativas estatales.
Los recursos totales suministrados por medio de este programa ascendieron a 99 mil 770 millones de pesos, de los que 68 mil 500.7 millones correspondieron a las universidades públicas estatales (UPES), interculturales y de apoyo solidario; 4 mil 787.4 millones a las instituciones tecnológicas y politécnicas; 22 mil 626.5 millones a la educación media superior como colegios de Bachilleres y de Estudios Científicos y Tecnológicos, institutos de Capacitación para el Trabajo, entre otros, y 3 mil 855.5 millones al Tecnológico Nacional de México (TecNM).
Se trata de la primera vez que la ASF revisa el ejercicio de los recursos del U006 por los colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos y Superior para la Educación Integral Intercultural, la Universidad Aeronáutica de Querétaro y los institutos tecnológicos, así como por las universidades públicas con apoyo solidario.
El grueso de las irregularidades (688.5 millones de pesos) se detectaron en instituciones estatales de educación media superior.
La ASF concluyó que la legislación federal que rige y regula el funcionamiento del programa es ambigua y deja abierto el destino que debe darse a los recursos y que la Secretaría de Educación Pública (SSP) emite criterios que son poco específicos al respecto.
Sugirió que la autoridad educativa federal “emita la normativa que permita que los organismos ejecutores no incurran en deficiencias de carácter estructural”.
Encontró que en términos generales “no se presenta un control de los conceptos en los que se aplican los recursos ni una correcta integración al cierre del ejercicio de los recursos reintegrados, lo que implica falta de coordinación entre el gobierno de los estados y los organismos descentralizados ejecutores”.
