El ayuntamiento de Xalapa fue señalado por un presunto daño patrimonial de 4 millones de pesos provenientes del ejercicio de Participaciones a Entidades Federativas y Municipios durante 2022.
En la revisión de la cuenta pública de ese año por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se determinó que el ayuntamiento, presidido por Ricardo Ahued Bardahuil, realizó contratación de servicios profesionales sin haber justificado esta acción.
Se trata de los contratos con números PS-MX-01/2022 y AD-MX-10/2022 relacionados con la contratación de servicios profesionales, pero no justificó los servicios contratados por un total de 4 millones de pesos con los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2022.
Como resultado, la ASF presumió un probable daño, perjuicio, o ambos por un monto de 4 millones 7 mil 102 pesos, más los rendimientos financieros causados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta bancaria de las Participaciones Federales a Municipio.
Además, la Auditoría revisó tres contratos de adquisiciones y servicios y se comprobó que el contrato número PS-MX-01/2022 se adjudicó directamente; sin embargo, el municipio no proporcionó la documentación que acredite que el procedimiento esté debidamente fundado y motivado.
En el caso del contrato AD-MX-10/2022 se trata de una adjudicación directa por 2.9 millones de pesos al proveedor Adán Espinoza Ugarte, por concepto de la entrega-recepción del ejercicio fiscal 2021.
El contrato PS-MX-01/2022 por 1.1 millones se refiere a la contratación de Servicios Profesionales Externos para la revisión de la obra pública ejecutada durante la administración 2018-2021.
Como resultado, la ASF emitió la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para que el órgano interno de control haga las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo por las irregularidades de los servidores públicos.
Municipios veracruzanos, con observaciones por 152 mdp
La ASF señaló un presunto daño patrimonial por 152.8 millones de pesos a municipios de Veracruz por el uso irregular de dinero de fondos federales en la Cuenta Pública 2022.
La tercera entrega de la ASF al Congreso federal detalla que se trata de recursos que provenían del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF) y de participaciones federales.
En la revisión, ocho municipios concentran el 60 por ciento de los señalamientos por mal uso de los recursos entre los que se encuentran: Medellín de Bravo con 34. 8 millones de pesos, Papantla con 31.1 millones de pesos, Tamiahua con 11. 6 millones de pesos, Córdoba con 9 millones de pesos, Lerdo de Tejada con 6.4 millones de pesos, además de Tierra Blanca, Xalapa y Alvarado.
Los municipios de Papantla y Tamiahua, al norte de Veracruz, sumaron observaciones por 65.9 millones de pesos en el uso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF).
El informe de la Cuenta Pública 2022, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, detalla que, en el caso de Papantla, realizó pagos con recursos del FISMDF del ejercicio fiscal 2022 sin presentar la documentación que acredite que dichos recursos se pagaron dentro de los plazos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,
También hizo transferencias fuera de norma desde la cuenta destinada para este fondo, por lo que el Órgano Interno de Control en el municipio de Papantla inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos e integró el expediente INVES/036/2023.
Por su parte, en Tamiahua, la Auditoría determinó que se careció de un sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo de aportaciones, además de la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos.
Tamiahua también incumplió sus obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo y no pudo comprobar el uso eficiente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
En el caso de Medellín de Bravo, la Auditoría revisó los recursos transferidos del Ramo General 28 denominado “Participaciones a Entidades Federativas y Municipios” por 34.8 millones de pesos y señaló un posible daño patrimonial por el monto total transferido.
En la revisión se detectó que el municipio no proporcionó los registros contables y presupuestales de las erogaciones financiadas con los recursos asignados.
Con los recursos de las participaciones federales pagó 33.8 millones de pesos de sueldos y salarios, pero no pudo validar si los pagos se realizaron conforme a la normativa.
