Carlos Alberto Hernández Nieto, presidente nacional del Sindicato Independiente de Trabajadores del Issste (Sitissste), advirtió que de 2019 a la fecha tienen registro de 100 trabajadores despedidos injustificadamente en diversas áreas de la institución.
Advirtió que desde 2019, cuando llegó la subdelegada de Administración de la institución en Veracruz, María Cruz García Ramón, han identificado una serie de atropellos y violaciones de los derechos laborales a todos los trabajadores.
“Tan es así que ya ha tenido mucha injerencia en la vida sindical del estado; hay dos sindicatos que agremian a trabajadores operativos y administrativamente los tienen contratados como de confianza, por eso tenemos toma de nota, estatutos, estamos legalmente bien constituidos”.
Expuso que los despidos han sido injustificados, porque no se llevan a cabo los procedimientos administrativos, un levantamiento de acta, la entrega de un cese, tan es así que todos los juicios laboralmente se pierden y es por la falta de capacidad de parte de la autoridad.
Señaló que estos despidos se traducen en una cuestión económica, ya que los juicios oscilan entre 300 mil a un millón de pesos aproximadamente, “depende mucho de la plaza y el salario, más o menos se compara esa parte de lo que tiene que erogar al final el instituto cuando los juicios sean ganados por los trabajadores y la reinstalación”.
Hernández Nieto sostuvo que el gasto en estos juicios bien se pueden aplicar en infraestructura, equipamiento y otras carencias que requiere el instituto.
Acusó que Cruz García Ramón incurre en una serie de atropellos y violaciones a los derechos de los trabajadores, y que cuando los despidos llegan a juicio ni siquiera saben ratificarlos, y al perderse, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) debe pagar a los afectados, en lugar de invertir dichos recursos en otras áreas de la institución.
“Le hacemos un llamado a la licenciada Lorena Ortiz, que es la directora de Administración y Finanzas, encargada de nombrar a los delegados de administración en todo el país, que tome carta en el asunto, porque aquí la operatividad no es la correcta ni se ha llevado bien”.
Hernández Nieto exhibió el caso de Enrique Zenón Lara Pérez, quien trabajó 21 años en el instituto y fue despedido recientemente por la subdelegada, “ella no es su jefa inmediata, sin embargo, firmó la baja laboral sin que se le explicara el motivo”.
Asegura que después aludió que incumplía sus funciones, pero que no existe ningún reporte o acta administrativa al respecto, “ella firmó el documento junto con el titular para que me despidieran, los motivos los desconozco pero la situación es esa, despedir personal, estar presionándonos”.
Por su parte, Enrique Zenón Lara Pérez advirtió que es mucha la presión que se ejerce a los trabajadores como método para que renuncien, y al no hacerlo son despedidos; admitió que sus compañeros temen denunciar las violaciones a sus derechos laborales ante el temor de que los corran.
En su caso, comentó: “a mí no me dieron nada, ni finiquito. Estaba esperando que llegara en mi quincena. Estos hechos se dieron el 21 de octubre, cuando me dijeron bye”.
