La Red de Maíz, que agrupa a medio millar de tortillerías y molinos de nixtamal en la Ciudad de México, consideró que el gobierno federal debe garantizar al menos 2 millones de toneladas de maíz para la producción anual de la tortilla, a fin de no dejar en manos de las grandes empresas comercializadoras la importación de grano transgénico para solventar la demanda.
Dijo que se requiere que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) intervenga, a través de Diconsa y Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), para asegurar el abasto de maíz blanco y elaborar tortillas con masa de molino de nixtamal.
De lo contrario, recalcó, los intermediarios en la cadena productiva pueden especular con el precio; además, existe el riesgo de que soliciten la apertura para la importación de maíz transgénico, afectando el decreto presidencial aún vigente, que restringe su uso.
Blanca Mejía Castillo, coordinadora de la organización, señaló que actualmente se depende de la cosecha de maíz blanco del año anterior de la región del Bajío, la cual está por agotarse, para solventar la producción de la tortilla.
Precisó que la cosecha otoño-invierno 2024 de Sinaloa está por entrar, pero advirtió que se estima que será por debajo del promedio de 2023, que fue de entre 6 y 7 millones de toneladas; para el año en curso se esperan obtener 1.9 millones, lo cual es insuficiente para abastecer a los 110 mil negocios que conforman la totalidad de la industria nacional.
En medio de la especulación del precio de la tortilla, donde algunos actores han anticipado una tendencia alcista, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado en claro que buscará estabilizar y reducir durante su sexenio al menos 10 por ciento el precio, para lo cual encomendó al titular de la Sader, Julio Berdegué, trabajar con los productores.
Mejía Castillo indicó que actualmente se llevan a cabo mesas de trabajo con las secretarías de Agricultura, Hacienda y Economía, así como Segalmex, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional Antisecuestros.
En los encuentros, detalló, se ha planteado a las autoridades atender el comercio informal de la tortilla, la inseguridad en los negocios y el cobro de piso por parte del crimen organizado, que llega a ser de entre 2 y 4 pesos por kilogramo en entidades consideradas focos rojos como Guerrero, Morelos, Guanajuato y Sinaloa.
Dio a conocer que el precio promedio por kilo es de 22 pesos y reconoció que en este momento no se puede calcular un aumento, ya que dependen de la cotización por tonelada, que oscila entre los 6 mil 900 y 7 mil 400 pesos, sujeta al volumen de compra.
“No va a incrementar 40 por ciento, eso solamente es especulación de algunos que pretenden mover a su favor un posible incremento en la tortilla. No podemos especificar ahorita en qué porcentaje podría aumentar, porque depende de los precios del grano. Sin embargo, no hay ninguna razón en este momento para subir los costos”, subrayó.
Aumentó 50% el precio de la tortilla en 4 años
En sólo cuatro años, el precio de la tortilla –alimento básico en la dieta de nueve de cada 10 mexicanos– se ha disparado casi 50 por ciento, revelan datos oficiales.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), en diciembre de 2020 el precio promedio del kilogramo de tortilla en México era de 15.54 pesos, mientras ahora se ubica en aproximadamente 23.17 pesos, una variación de 7.63 pesos o 49.1 por ciento.
Según estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la tortilla es el complemento alimenticio de más de 90 por ciento de las familias mexicanas, lo que convierte a México en el principal consumidor de tortillas del mundo. Asimismo, la institución calcula que cada mexicano come alrededor de 75 kilos de tortilla al año.
Un estudio del Laboratorio de Datos contra la Obesidad destaca que 84.9 por ciento de los núcleos familiares consumen tortillas de maíz todos los días; 10.4 por ciento cada tercer día, 3.6 por ciento una vez por semana y 1 por ciento lo hace ocasionalmente.
De acuerdo con especialistas, el fuerte encarecimiento de las tortillas en los últimos cuatro años se debe principalmente al encarecimiento de los insumos, sobre todo maíz, electricidad y gas; competencia desleal, alzas de los costos de transporte y maquinaria; efectos de la sequía en la producción nacional de maíz y la disputa comercial con Estados Unidos en torno al maíz transgénico.
En México existen alrededor de 130 mil tortillerías. Sin embargo, la industria harinera de maíz –controlada por un pequeño grupo de empresas– es la que tiene el mayor impacto en el precio al consumidor. Según estimaciones de diferentes instancias, Maseca controla más de 70 por ciento de este negocio en México, seguido por Minsa, con alrededor de 25 por ciento. El resto se lo reparten Harimasa, Cargill de México y Molinos Anáhuac, entre otras.
En 2022, el gobierno federal, encabezado entonces por el presidente Andrés Manuel López Obrador, responsabilizó de manera directa a Maseca –subsidiaria de Gruma– por el incremento del precio de la tortilla (que en ese momento había aumentado más de 30 por ciento en dos años), por ser un actor preponderante en este mercado.
Ricardo Sheffield, quien en ese momento era el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, destacó que, sin importar cómo se comportan los precios de la tonelada de maíz, esta compañía mantenía sus precios al alza, lo que orilló a la mayoría de las tortillerías a encarecer el producto.
