Por Iván Evair Saldaña
En un comunicado, la Asociación de Jubilados de Confianza de Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer los avances de la reunión sostenida con autoridades de la empresa petrolera la mañana de este miércoles.
En el comunicado, la asociación señaló que como parte de los acuerdos, “por disposición del Ejecutivo federal, a partir de la primera quincena de julio la pensión máxima a pagarse será de 134 mil 290 pesos mensuales”, y que también se prevé que en la tercera semana de dicho mes se deposite “una nómina extraordinaria para cubrir las diferencias entre los montos pagados y el nuevo tope establecido”.
Pese a que la asociación reconoció los avances en el diálogo con las autoridades, aseguraron que su lucha continúa y que seguirán “impulsando las acciones legales, institucionales y sociales necesarias hasta lograr el pleno respeto a nuestros derechos y la no aplicación retroactiva de la reforma”.
SCJN niega amparo a contratista de Pemex
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó este miércoles amparar a la empresa Mexiship Ocean CCC, contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex), que buscaba revertir la decisión de un juez federal en Campeche de retener un buque y bloquear sus cuentas bancarias como medida precautoria, mientras se resuelve un arbitraje internacional que en Singapur.
Por unanimidad, el Pleno declaró constitucional el artículo 1478 del Código de Comercio que impugnó Mexiship, al concluir que la facultad del juez para decretar medidas cautelares provisionales no es arbitraria, pues está sujeta a límites constitucionales y a la obligación de fundar y motivar sus decisiones.
“La discrecionalidad que el legislador otorgó al juez está limitada por reglas de justificación y motivación del acto de autoridad, de manera que, si bien su finalidad es dotar de flexibilidad la toma de decisión atendiendo a la diversidad de casos que pueden darse, lo cierto es que la determinación no puede ser arbitraria al requerir justificación, aunado a que las medidas cautelares están sujetas a revisión y modificación hasta el momento en que se dicte la resolución definitiva”, expuso la ministra Sara Irene Herrerías Guerra al presentar al Pleno su proyecto.
La controversia surgió porque Mexiship Ocean, dedicada a la renta y operación de embarcaciones para la industria petrolera, incumplió pagos a la empresa singapurense CH Offshore LTD por el arrendamiento del buque M Luisa.
El conflicto derivó en un arbitraje internacional iniciado en Singapur y en la imposición de medidas cautelares en México. A petición de CH Offshore, el 31 de marzo de 2023 el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche ordenó la retención de una embarcación y el bloqueo de cuentas bancarias de la empresa.
En su sentencia, la SCJN negó el amparo a Mexiship, confirmó la resolución del juez federal y devolvió el expediente al Tribunal Colegiado para que resuelva los aspectos de legalidad pendientes.
