En un comunicado oficial, la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, ha expresado su inquietud ante el comportamiento de los juzgadores federales en relación con la concesión de suspensiones provisionales en casos de prisión preventiva.
Según se informa, se ha observado un total de 33 mandamientos de amparo en los diferentes Distritos Judiciales de Veracruz, en los cuales se ha otorgado la suspensión provisional sin un análisis exhaustivo. Estas suspensiones han resultado en la liberación inmediata de los imputados en casos delicados, como secuestro, homicidio, violación, pederastia, robo agravado y abuso sexual de menores, entre otros delitos de alto impacto social.
“En la institución que represento, siempre hemos velado por el cumplimiento irrestricto de la ley, así como de las determinaciones que la autoridad judicial federal emite. Sin embargo, en esta ocasión no coincidimos con sus resoluciones pues consideramos que, de manera incorrecta (o ilegal), desde el incidente de suspensión resuelven el fondo de los juicios de amparo, lo cual realizan a través de formatos, sin analizar las pruebas que existan en cada caso en concreto.”
Esta situación está teniendo un impacto negativo en las víctimas, en los procesos judiciales y en la sociedad en general. La liberación indiscriminada de los imputados está facilitando su evasión de la acción de la justicia y poniendo en riesgo la gobernabilidad del estado.
El Poder Judicial del Estado de Veracruz destaca que esta actuación de los Jueces Federales va en contra de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso García Rodríguez contra el Estado Méxicano, que establece que la Prisión Preventiva Justificada no vulnera los Derechos Humanos y puede ser una medida idónea y proporcional en determinados casos para asegurar la seguridad y el orden público.
Finalmente, el comunicado reafirma el compromiso del Poder Judicial del Estado de Veracruz con el debido proceso y el bienestar de la ciudadanía. Se enfatiza que un juzgador competente no solo debe tener conocimiento en materia legal, sino que también debe resolver considerando las implicaciones sociales de sus decisiones.
