El Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) ya fue notificado sobre el daño patrimonial por 82 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en 2021, durante el paso de Joana Marlene Bautista Flores como administradora general, e Isabel Romero Cruz, como presidenta, mismo que ya no se podrá solventar.
Lo anterior fue confirmado por la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien declaró que aunque se envió la documentación para tratar de hacer la solventación, ésta no fue suficiente.
“Le dimos todo el seguimiento necesario, se fue enviando toda la documentación necesaria para que se lograra la solventación y bueno, la Auditoría Superior de la Federación estimó que esa documentación no fue suficiente”, reconoció.
En ese sentido, precisó que ya será la ASF quien determinará los temas penales que pudieran promoverse ante la Fiscalía General de la República (FGR).
“Ellos mismos al determinar un detrimento patrimonial son los que proceden ante la FGR y seguramente nosotros tomaremos las medidas desde la Contraloría Interna, por el tema administrativo”.
Precisó que hasta el momento ningún funcionario ha sido llamado para hacer algún tipo de aclaración y de manera interna, el Poder Judicial tampoco ha iniciado ningún procedimiento administrativo en contra de alguno de ellos o ha presentado denuncias, aunque dejó entrever que sí se están preparando.
“La que pondremos nosotros contra quien resulte responsable por ese detrimento patrimonial. Estamos en eso, hacer una denuncia, integrar un tema de esa naturaleza lleva su tiempo, por qué, porque se deben allegar pruebas, las cosas se hacen bien”, insistió.
Persiste discriminación de género en sistema de justicia: Centro Prodh
En el país, las detenciones arbitrarias, los actos de tortura, las violaciones a derechos humanos contra las mujeres y la discriminación en razón de género en el sistema de justicia persisten, sostuvo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Expuso que un caso representativo de ello es el de Keren Selsy Ordoñez, “sobreviviente de tortura y quien lleva más de ocho años presa en Apizaco, Tlaxcala, por un delito que no cometió”.
Recordó que mientras la expareja de la joven cumplió una condena de cuatro años en prisión por presunto secuestro, ella fue sentenciada a 50 años.
Indicó que el 11 de diciembre de 2015 Keren fue detenida, junto con su bebé recién nacida, por hombres armados vestidos de civil que se identificaron como policías de la Procuraduría de Tlaxcala y de la entonces Policía Federal.
“Fue sometida a actos de tortura y amenazada con hacerle daño a la bebé, para obligarla a autoinculparse de haber participado en un secuestro”, afirmó la organización.
El Centro Prodh también expuso que si bien en 2021, un Tribunal Colegiado concedió un amparo al considerar que se habían violentado derechos procesales, a más de dos años “autoridades de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala mantienen una acusación injusta en contra de Keren. Mientras que el juzgado del Sistema Tradicional Penal y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes continúa postergando indefinidamente su proceso penal, priorizando formalismos frente a la libertad de una mujer inocente”.
En este sentido, llamó a que estas prácticas sean erradicadas, a revertir la impunidad y a que se juzgue con perspectiva de género para lograr “justicia para Keren y para todas”.
Añadió que de acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida contra Mujeres Privadas de la Libertad en México, que retoma mil 280 entrevistas a mujeres afectadas por esta circunstancia, 79.3 por ciento aseguró haber vivido tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
