La Fiscalía General del Estado (FGE) se ha negado en cinco ocasiones —entre 2022 y lo que va de este año— a aceptar el mismo número de recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); de éstas al menos una está relacionada con detenciones arbitrarias y actos de tortura física y sexual por parte de la Policía Ministerial y debido a la omisión de investigar de manera diligente desapariciones de personas.
Se consultó a abogados y defensores de derechos humanos y advirtieron que la falta de aceptación a estas recomendaciones evidencia la mala integración de las carpetas de investigación, la recurrencia en actos de tortura para obtener confesiones, así como la violación al Estado de Derecho y por ende la persistencia de la impunidad.
La integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Anaís Palacios, aseguró que es grave que se considere que aceptar una recomendación significa ponerse del lado de los presuntos delincuentes porque en muchos de los casos las recomendaciones se deben a la falta de diligencia en investigaciones de desapariciones de personas.
“La tarea del aparato estatal es promover, garantizar y respetar los derechos humanos y evitar que otros los violenten. Cuando en el cumplimiento de un derecho se insinúa la protección a presuntos delincuentes es no entender las funciones que tienen, no solo no entenderlas, no asumirlas y no cumplirlas”.
Anaís Palacios dijo que a pesar de que se ha emitido un importante número de recomendaciones, estructuralmente no hay cambios porque puede haber discursos, pero de fondo no se ha resuelto la problemática de las violaciones de derechos humanos.
“Puede generar un escozor institucional que haya recomendaciones y que no se tomen decisiones de carácter institucional para cambiar esto. Decir que una recomendación que procura en todo momento reconocer los derechos de las víctimas, puede implicar proteger a posibles perpetradores me parece una anulación de las víctimas que están en medio de todo y se acumulan en el estado de Veracruz”.
Y afirmó que mediante el rechazo a las recomendaciones se da un aval a que las malas prácticas, a que los malos procedimientos y actos corruptos de administraciones anteriores queden sin ningún tipo de consecuencia.
