A través de un oficio, remitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría del Bienestar ha notificado a los alcaldes de los 212 municipios que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) no tiene facultades para duplicar o auditar el gasto de los recursos federales.
El documento, que fue enviado a todos los alcaldes en funciones, tiene por objetivo delimitar que solo la ASF, puede y tiene la representación legal para vigilar cómo gastan el dinero los ayuntamientos, específicamente el que reciben a través de los diferentes fondos federales.
En un oficio enviado el 15 de febrero a la ASF, funcionarios del Bienestar expusieron que los gobierno locales se encuentran ante una disyuntiva sobre está doble rendición de cuentas, misma que ha derivado en diversas consulta realizadas a la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) de esta Secretaría, pues existe la incertidumbre sobre cuál es la autoridad fiscalizadora ante quien deben cumplir con los requerimientos de revisión.
“Cabe mencionar que ante esta circunstancia los entes fiscalizados, en algunos casos, atienden la fiscalización hecha por la ASF y deciden no atender el de la autoridad estatal, o viceversa, atienden la auditoría estatal y dejan de atender los requerimientos de la ASF, lo que les puede generar responsabilidades”.
La respuesta de la ASF aclaró que desde el 27 de mayo de 2015 se publicaron modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal y Ley General de Contabilidad Gubernamental:
“El Congreso de la Unión facultó exclusivamente a la ASF para fiscalizar los recursos de origen federal que ejercen las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, así como las participaciones federales”, detalla el documento.
