En fechas recientes, el tema de la deuda pública del gobierno federal ha comenzado a ocupar titulares y ser preocupación de analistas y entidades financieras. Sin embargo, en el gran público ha prevalecido la idea de que durante la actual administración no se ha generado más deuda. Al menos con relación al PIB, lo que es una relativa triquiñuela economista para evitar considerar con objetividad los pasivos públicos y su costo financiero anual.
Como recuento sobre el tema, después de un pasado atropellado por la necia historia económica y financiera, la deuda pública federal regresó como un problema nacional después del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, quien saneó relativamente las finanzas públicas con la privatización de buena parte de las empresas y organismos públicos, especialmente la llamada banca privada. La misma que debió ser rescatada durante el sexenio zedillista, debido a su pésimo manejo de las tasas de interés y la recesión en la que metió al país, y no por el llamado “error de diciembre”, cuento que sigue prevaleciendo en la leyenda popular sostenida por opinólogos, comentólogos y a veces por analistas de café.
Así, el rescate bancario, carretero y los denominados “pidiregas” (deuda de registro diferido) del gobierno zedillista para 2005-6 totalizaban un billón de pesos, identificados como pasivos adicionales por el Banxico, cifra no registrada como deuda por la SHCP, que legal, administrativa y financieramente para ese año era realmente de 2.9 billones de pesos corrientes.
Posteriormente, aún con el auge del petróleo que generó ingresos fiscales multimillonarios no recurrentes, la deuda siguió nominalmente aumentando hasta que en 2015, con la caída en el precio del petróleo, el país entró en una espiral de endeudamiento creciente. Originalmente fue de 500 mil millones de pesos cada año, equivalente al crecimiento porcentual del PIB, hasta llegar a totalizar una deuda global del orden del 50% del PIB en este año.
El actual gobierno mexicano entre 2018 y 2022 incrementó la deuda pública en el orden del 40%, de acuerdo con la SHCP. A cifras cerradas, pasó de 10 billones de pesos en 2018 a 14 billones en 2022. De esta forma, el incremento neto nominal anual varió de 500 mil millones de pesos en 2018 a más de un billón en 2022. En 2023, será de alrededor de 1.2 billones el incremento, según lo oficialmente autorizado. Para 2024, se estima que la deuda total alcanzará 16 billones de pesos nominales, significando un incremento con respecto a 2018 del 60%.
Lo más sorprendente es que el incremento anual de la deuda se ha dado sólo para pagar comisiones e intereses, en un ambiente creciente de estos. Únicamente entre enero y mayo de 2022, con respecto al mismo periodo de 2003, el costo de la deuda o pago de intereses se incrementó en el orden del 50%. Por lo que el gobierno deberá, desde ahora, enfrentar con seriedad el costo financiero de la deuda y las estrecheces presupuestales correlativas y visualizar un 2024 complicado, pero sin sorpresas.
Los economistas convencionales ven la deuda pública como una simple proporción con respecto al PIB, obviando su flujo, costo financiero e impacto sobre el financiamiento de la economía en su conjunto. López Obrador tomó el gobierno 20 años después de la deuda generada por el Fobaproa, con una dinámica creciente de endeudamiento, posiblemente agravada por la crisis del COVID-19 y el entorno internacional conflictuado. Es tiempo de asumir pasivos y obligaciones para enfrentar o paliar los efectos de la deuda pública. La economía, como la realidad, es más necia que muchos cuentos y mitos geniales.
Joan Rega
