José Lima Cobos
Es un secreto a voces que los presidentes Cárdenas y López Mateos no tuvieron obstáculos para, mediante un decreto nacionalizar el petróleo, los ferrocarriles y la energía eléctrica, respectivamente; sin embargo, Salinas de Gortari y la caterva de bandidos que le siguieron, -Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto- crearon los obstáculos para que las empresas altamente productivas, a favor de la nación, pasaran a manos de particulares mexicanos y extranjeros de manera tal que esas industrias altamente productivas o bien las que se han construido para que constituyan una base sólida y poseer una economía democrática, social, cultural y política para el desenvolvimiento del país, han sufrido serios embates. Ahí está el aeropuerto Felipe Ángeles o el Tren Maya, la campaña contra la corrupción, la defraudación fiscal, etcétera, oposición sistemática de la oligarquía.
Lo que en verdad no tiene nombre, es lo acontecido con las leyes electorales -denominadas Plan B y Plan C- enviadas al Congreso de la Unión por el presidente de la República, y aprobadas en observancia a su autonomía e independencia soberana -que solo tienen el propósito de democratizar auténticamente al país e impedir que se siga saqueando los dineros de la nación-, han sido paradas o invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el pretexto que no se cumplió con el procedimiento, cuando es de todos sabido que se entregan a los diputados y senadores, con toda anticipación las propuesta de reforma o leyes para que las analicen a su manera -lo propio hacen los jueces, magistrados y ministros– sin que luego se pueda conceder la suspensión de la misma, pues así está previsto en el artículo 105 constitucional y su ley reglamentaria, de ahí que, invalidarla para efectos es aberrante jurídicamente, pues siendo ya ley, tiene que analizarse el fondo de la misma para ver si es constitucional o no, porque esas violaciones, si existieron, fueron consentidas por los que en ese procedimiento participaron todos. En síntesis, los Ministros se orinan fuera de la bacinica y enseñan el cobre de manera que le permite al presidente López Obrador señalarlos, en cualquier momento como los primeros en violar la Constitución de manera flagrante.
En principio la ley Orgánica del Congreso de la Unión y su reglamento establecen el procedimiento y al abrirse la sesión, se registra el quorum reglamentario y al existir éste, se inicia el proceso y se acuerda lo que en aras de su soberanía se determina, de tal suerte que si acontecen las ausencias, es responsabilidad de cada miembro y lo determinado, se hace afectivo para presentes o ausentes, luego entonces el reloj electrónico del Congreso involucra a todos. En síntesis, la Suprema Corte de Justicia, o sus ministros, incurren en responsabilidad y si violentan el artículo 108 y demás de la constitución general de la república, regulados en el capitulo correspondiente, al querer enmendarle la plana al Congreso de la Unión, que es donde reside la soberanía del pueblo, entonces, impedir que se apliquen leyes que se expidieron dentro de los términos que la propia constitución establece, es interferir o intervenir de manera facciosa en la observancia que esas leyes que precisan para la limpieza electoral.
Pero la hipocresía o ignorancia jurídica del ministro Pérez Dayan no tiene límites de desfachatez cuando afirma, al discutirse el plan electoral, que las leyes aprobadas no son leyes, es decir, el congreso no tiene esa función pese a que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, “si no es ley, no tengo por que estudiar ningún fondo. No son formas, lo aclaro, son las reglas que la democracia constitucional estableció en un documento supremo para dar validez al orden jurídico nacional. “No se puede ser deferente con nadie si lo que se viola es la Constitución”, en sus expresiones los aplausos tienen que ser generalizados pues este cínico, viola el artículo 127 constitucional que dice que nadie debe ganar más que el presidente de la república y el tiene catorce años -reformas de 2009- ensuciando con su presencia ese espacio de la Suprema Corte de Justicia y debe obligarse a que devuelva lo que de manera indebida ha recibido que son más de cinco millones de pesos por años y sumados los catorce que lleva en ese espacio, la friolera de mas de setenta y siete millones de pesos que debe reclamársele, que bien sirven para alimentar al pueblo miserable que lo cobija con sus impuestos.
Si bien el ministro Zaldívar voto en favor de la invalidez, no menos cierto es que preciso que la Corte no debe excederse al invalidar leyes vigentes como son las que se impugnaron, porque de lo contrario estaríamos en el riesgo de afectar la división de poderes, “de poner en duda nuestra legitimidad”, esto robustece lo que el presidente López Obrador ha propuesto de enviar una reforma para que los ministros, jueces y magistrados, sean electos de manera democrática, mediante voto directo y secreto y que no formen parte del dedo presidencial o del contubernio del Consejo de la Judicatura federal.
Por cierto, en no pocos días, saldrán del Senado del República los más de 77 magistrados y funcionarios de organismos autónomos que ya propuso el propio presidente de la república, para que vayan a engrosar las filas de la alta burocracia dorada que percibe más sueldo que el presidente, a resulta de que la ley reglamentaria del artículo 127 constitucional, está impugnada y sujeta a, – juez y parte- determine si se respeta la constitución o se actúa con la verborrea de la mentira, del engaño y la simulación, como ya lo apuntó el ministro Pérez Dayan, que será joya de la picaresca jurídica de la Suprema Corte de Justicia: “No se puede ser deferente con nadie si lo que se viola es la constitución”. En serio se zurró, verdad.
Aunque estamos viendo, ahora, en los edificios de los tribunales federales, además de la expresión de José María Morelos y Pavón: El siervo de la nación “que exista un tribunal que te ampare y proteja”, un retrato del presidente Juárez con esta reflexión: “ bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes :no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrase asiduamente al trabajo resignándose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley ha señalado.
Ahí queda de tarea, pues pudiera darse que ahora si la Corte dejara de atracar o saquear las arcas de la nación.
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