El diputado José Reveriano Marín Hernández, presidente de la Comisión Permanente de Educación y Cultura del Congreso del Estado de Veracruz, se sumó a las declaraciones de la titular de Educación de Veracruz, Claudia Tello Espinosa, en el sentido de no aplicar ningún cobro en los planteles escolares públicos por la inscripción de sus hijos, pues la gratuidad de la educación está establecida en el artículo 3 constitucional.
En entrevista, el también secretario general de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), aseguró que constitucionalmente la educación es laica, gratuita y obligatoria, y esto lo saben los directivos y docentes, y es por ello que no aplican ningún cobro ni condicionan con pago alguno al momento de inscribir a sus hijos a las escuelas públicas.
Explicó que lo que se maneja como cuotas voluntarias lo hacen por acuerdo de los propios integrantes de las Asociaciones de los Padres de Familia, “a lo mejor faltó clarificar que el cobro de la inscripción a los alumnos a las escuelas no la hay, porque ellos tienen el derecho a la educación y ésta debe ser gratuita”.
No obstante, admitió que cada año surge ese tema, “cada año es lo mismo, en donde se señala que ‘van a cobrar inscripción’, cuando esto es totalmente falso”, por lo que consideró que deben establecerse los mecanismos para evitar que la gratuidad de la educación se desvirtúe.
El dirigente magisterial hizo hincapié en que para apoyar a la economía de las familias y permitir que sus hijos puedan seguir estudiando se estableció la gratuidad en todos los niveles educativos, “y no tiene por qué cobrarse como tal una inscripción”.
A dos semanas de iniciar el ciclo escolar 2025-2026, en algunos planteles escolares de educación básica, principalmente en el nivel de primaria, los cobros se estiman entre 800 y mil pesos, mientras que, en el nivel de secundaria, de mil a 2 mil pesos y condicionan a los padres a cubrirlo so pena de no aceptar a sus hijos en la escuela donde se aplican estas aportaciones “voluntarias”.
Al respecto, el legislador local morenista comentó que esta disposición es un golpe muy duro a la economía de las familias, pero que son los propios padres de familia quienes administran esos recursos y los aplican en beneficio de los planteles educativos.
“Cada asociación proyecta, si es que así lo hará, a cuánto corresponde dicha cuota”, añadió, al tiempo de coincidir que en algunos casos se da malversación de ese dinero, sin transparentar la aplicación del recurso obtenido, lo que ha provocado desconfianza.
Ante ello, exhortó por último a los directivos de las asociaciones de padres de familia a ser razonables en la exigencia de dicha cuota y que no sea un golpe a la economía.
