Alonso Urrutia y Angélica Enciso
Al dar a conocer detalles sobre las reformas en materia de austeridad, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde Luján, dio a conocer que en la actualidad hay 2 mil 560 funcionarios públicos federales que representan un gasto cercano a los 2 mil 364 millones de pesos, cuyas percepciones superan el salario del Presidente de la República y, por tanto, violan las restricciones constitucionales que establecen que nadie puede ganar más que el Jefe del Ejecutivo federal.
Durante la conferencia presidencial, se informó que de estos funcionarios, 2 mil 367 pertenecen al Poder Judicial en tanto que 182 están adscritos a varios organismos autónomos. Añadió que también se sabe que, además, en los gobiernos estatales hay otra importante cantidad de servidores públicos que tienen percepciones superiores al del Presidente. Por ello, la iniciativa de reforma constitucional pretende ahora establecer un tope medido en Unidades de Medida Administrativa (UMA) por lo que ahora se dispondrá que ninguno puede ganar más de 73 UMA.
Con ello, se pretende cancelar los cuestionamientos sobre los montos exactos en que se tienen que fijar los salarios, que han sido pretextos para el incumplimiento de la ley.
Como parte de la reforma, también el gobierno federal plantea que desaparezcan siete organismos autónomos que, en la visión gubernamental, duplican funciones con algunas secretarías. Refirió que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) tiene un presupuesto anual de mil 97 mdp, cuyas funciones, dijo Alcalde, las absorbería la Secretaría de la Función Pública aunque no dijo nada de qué pasaría con la protección de datos personales. Asimismo, dijo que su desaparición se haría con respeto a los derechos de los trabajadores.
Otro caso es el del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que tiene un presupuesto de mil 690 millones de pesos cuyas tareas podría absorberlas la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Otros organismos que se plantea su desaparición son la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
