El gobierno de México impugnará, a través de un recurso de revisión, la resolución del juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, luego de que concedió un amparo a la trasnacional Monsanto contra el decreto presidencial que prohíbe el maíz transgénico y elimina gradualmente el uso del glifosato en México a más tardar en 2024, anunció la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La dependencia manifestó su desacuerdo por la sentencia del juez Francisco Javier Rebolledo Peña, quien declaró inconstitucional el decreto publicado en diciembre de 2020, y que le permite al fabricante de semillas genéticamente modificadas Monsanto, utilizar glifosato y mantener los permisos para su importación.
El caso se turnará a un tribunal colegiado para que resuelva si confirma o revoca la resolución.
La Semarnat señaló que la decisión del Juez Rebolledo Peña, no es definitiva y solo beneficia a una empresa privada trasnacional. Consideró que “no tomó en cuenta el perjuicio a la salud de los mexicanos” por el uso de este herbicida, lo cual está demostrado en investigaciones médicas y científicas.
“Con argumentos engañosos, Monsanto busca desconocer el principio precautorio, el cual México ha adoptado en diversos convenios y leyes, y que debido a la modificación del Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos este Principio es parte de la misma Constitución”, sostuvo la dependencia.
Afirmó que cuenta con información suficiente que acredita los daños causados por esta sustancia a especies polinizadoras como las abejas, el agua superficial de los cauces naturales, el suelo, la flora y el aire.
La Semarnat indicó que el decreto presidencial publicado en diciembre de 2020 “ha sido recibido con gran beneplácito por la población mexicana y por muchos otros países” que reconocen que el herbicida glifosato es sumamente dañino a la salud humana y ambiental.
Además, este decreto da continuidad a la larga lucha de la sociedad mexicana por reconocer al maíz como patrimonio biocultural e impedir la introducción de variedades genéticamente modificadas que permiten su apropiación a través de patentes y deterioran el reservorio genético que se ha construido a lo largo de miles de años.
