En 2023, en los centros penitenciarios del país, particularmente en los estatales, se reportaron 102 suicidios de personas internas, aproximadamente una cada tres días, según datos recabados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Dicha cifra representa un aumento, comparado con los casos de 2022, cuando sumaron 100.
Además, 920 personas recluidas tenían posibles factores de riesgo suicida, de las cuales 771 estaban en Centros de Reinserción Social (Ceresos) y 149 en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), de acuerdo con lo informado por las propias autoridades al organismo que encabeza Rosario Piedra Ibarra.
En cuanto a los factores de conducta de riesgo suicida, se reportó que sobre todo se relacionan con depresión o ansiedad; trastornos mentales, así como por desórdenes por abuso o dependencia de sustancias.
En el Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2023, presentado por la CNDH la semana pasada, se observa que el incremento de suicidios se debe particularmente a que en los Ceferesos pasaron de 16 en 2022 a 22 casos en 2023.
El centro federal con más actos de este tipo fue el Cefereso 16, femenil Morelos, donde se registraron 11, es decir 50 por ciento del total. Este lugar ha sido objeto de señalamientos tanto de la propia CNDH como de diversas organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos, éstas últimas particularmente han exigido que se investiguen las muertes y entregue un informe sobre la salud e integridad de las mujeres privadas de la libertad en ese centro.
Otros de los Ceferesos en donde se presentaron casos son el número 4, Noroeste; el 12, en Guanajuato; el 17, en Michoacán, y el 18, en Coahuila, con dos casos cada uno; seguidos del número 5, oriente; el 7, nornoroeste, y el 14, en Durango, con uno,
respectivamente.
En cuanto a los Ceresos, aunque es en donde más se presenta esta problemática, tuvieron una disminución de casos, al pasar de 84 en 2022 a 80 en 2023. Las entidades donde más se reportaron fueron Ciudad de México (11), Sinaloa (nueve), Sonora (siete), Tabasco (seis), Puebla (cinco), Tamaulipas (cinco) y Chiapas, estado de México y Michoacán, con cuatro cada uno.
En lo que respecta a las posibles causas que llevaron al suicidio, las autoridades de los Ceferesos y Ceresos indicaron que en más de la mitad desconocía las razones, en tanto que otros tenían que ver con padecimientos psicológicos o trastornos; problemas familiares o sentimentales, y con usos de sustancias.
El método empleado en los suicidios fue, en más de 96 por ciento, ahorcamiento, estrangulación, asfixia o anoxia; el resto fue por envenenamiento, hemorragia externa y auto laceración de grandes vasos.
Respecto al sexo y edad de las personas fallecidas, se advierte que 75 de las 80 reportadas en los Ceresos fueron hombres y cinco mujeres, mientras en los Ceferesos fueron 11 varones y 11 féminas. Las edades fueron entre los 20 y los 49 años.
Sobre el lugar en el que se cometió el suicidio, en su mayoría sucedió en los dormitorios, seguido de baños o regaderas comunes, área de ingreso, en visita íntima, en medidas de vigilancia especial, y en patios o pasillos.
Suspenderá SCJN amparos pendientes sobre prisión preventiva oficiosa
En sesión privada de este lunes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó ordenar a todos los tribunales del país suspender cualquier trámite de amparos pendientes
sobre la validez de la prisión preventiva oficiosa, que define el artículo 19 de la Constitución federal, para que prevalezca el criterio general que emitirá en próximos días ese alto tribunal.
A través de una tarjeta informativa, la ministra Lenia Batres Guadarrama informó que dicha medida que tomó el Pleno es precautoria, ya que la SCJN tiene programado resolver varios juicios constitucionales donde definirá los alcances de la prisión preventiva, con respecto a las convenciones internacionales sobre la materia.
Con ello, los ministros buscan evitar que cualquier instancia jurisdiccional emita fallos que resulten contradictorios con el criterio general que fijará la Corte.
En opinión de la ministra Lenia Batres Guadarrama, es “una buena decisión ante las circunstancias actuales, ya que permitirá dar seguridad jurídica a las personas que tienen procesos pendientes sobre prisión preventiva”.
La ministra recordó que todo aquel asunto que tenga como tema sustantivo el estudio de fondo de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa deberá seguir el supuesto establecido al resolver la contradicción de tesis 293/2011, donde se estableció la relación entre las convenciones internacionales en materia de derechos humanos firmadas por nuestro país y la Constitución federal mexicana.
