Integrantes del movimiento “Todos somos un Ejército, mexicanos somos todos” se manifestaron ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en apoyo a los militares presos, acusados de cometer delitos durante la participación en acciones de seguridad pública.
Aunque se refirieron a cuatro soldados detenidos por el caso de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde son señalados de disparar contra cinco civiles desarmados, en febrero, los manifestantes afirman que tienen documentados expedientes de otros 17 militares imputados de delitos semejantes.
Jacqueline Zárate, abogada de la organización, sostuvo además que otros tantos han sido desaparecidos al participar en estas acciones de seguridad pública.
Madres, hermanos, hijos y hermanos de los militares presos marcharon sobre la avenida Industria Militar, frente a la sede de la Sedena, con pancartas, con las fotos y nombres de sus familiares, entre ellos Susana Sayas, Patricio García Hernández, Óscar Manuel González Andrade y Victoriano Rodríguez Zurita, entre otros.
“Estamos de acuerdo en que los militares participen en tareas de seguridad pública, porque nos sentimos más seguros, tal vez mucha gente piensa que no están capacitados y estarán en lo correcto, pero los que más han dado seguridad al país han sido los elementos de las Fuerzas Armadas”, afirmó Zárate, quien añadió que es preciso darles mayor seguridad jurídica.
Por ello propuso que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) despliegue observadores en todas las acciones de seguridad pública en las que participen militares, que se les capacite para hacer estas tareas y se den mejores condiciones económicas.
“Es decir, que les aumenten el sueldo porque son los que menos reciben y los primeros que están apoyando al gobierno en sus proyectos, son los primeros que salen al frente cuando nosotros como civiles o población los necesitamos, y es tan triste escuchar que ganan 13 mil pesos”.
