Jesús Óscar Navarro Gárate, ex director de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex); Carlos Norberto Valero Flores, ex subdirector de aseguramiento de calidad de Liconsa y Enrique Zamorano Solís, subgerente de impuestos de Liconsa, se reservaron hoy su derecho a declarar en la causa penal 211/2023, que se les instruye por el delito de delincuencia organizada, con la finalidad de efectuar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los tres ex funcionarios –detenidos en horas previas– comparecieron ayer ante un juez de distrito adscrito al centro de justicia del penal de máxima seguridad del Altiplano, donde fueron recluidos tras su captura, junto con Édgar Alejandro Armenta Peralta, socio y representante legal de la empresa Grupo Vicente Suárez 73 SA de CV, a la cual Segalmex pagó más de 400 millones de pesos por servicios de procesamiento de leche que no entregó.
Los cuatro imputados solicitaron al juez la duplicidad del término constitucional para que se resuelva su situación jurídica, por lo que se fijó la continuación de la diligencia para el lunes primero de mayo, donde se determinará si se les vincula a proceso o se les deja en libertad.
En tanto, los cuatro imputados deberán permanecer encarcelados en el penal de máxima seguridad del Altiplano, pues el juez confirmó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, ya que los delitos que se les imputan son considerados como graves.
Durante la audiencia se reveló que dentro de esta causa penal están involucradas 26 personas, entre ellas 12 ex servidores públicos de Segalmex (Diconsa Liconsa), donde se comprobó la malversación de fondos a través de la entrega de recursos del erario a empresas fachada por servicios no entregados.
Los recursos públicos que fueron pagados a diversas razones sociales fueron dispersados de forma inmediata entre personas físicas y morales, por lo que el ministerio público sostiene que entre los ex funcionarios señalados y los particulares acusados formaron una organización criminal para allegarse de recursos de forma ilícita.
Solo al Grupo Vicente Suárez 73 se le pagaron más de 400 millones de pesos entre 2019 y 2020; incluso se conoció que 10 días antes de que se les adjudicó un contrato, esta empresa modificó su objeto mercantil para pasar de una compañía constructora –que no operó en los tres años anteriores— a una dedicada al procesamiento de productos lácteos.
