El exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, mediante justificante médico, se declaró enfermo de “un derrame cerebral” el 12 de marzo de 2024, lo que convalidó el juez federal Gustavo Stivalet Sedas para que el exfuncionario panista eludiera la audiencia programada para esa fecha y evitar así que declarara ante la Fiscalía General de la República (FGR) en torno a su corresponsabilidad en el fraude cometido con la instalación de cámaras de vigilancia por la empresa Comtelsat, por lo que el togado reprogramó su comparecencia para el 25 de junio del presente año, más de 20 días después de que se celebren las elecciones federales del 2 de junio.
Cabe recalcar que 20 días antes, el 18 de febrero de este año, Yunes Linares habría maniobrado ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) para “bajar” a su hijo Fernando Yunes Márquez de la suplencia de la candidatura al Senado –cuya titularidad la ocupa Miguel Ángel Yunes Márquez– por la alianza PAN-PRI-PRD y colocarse en esa posición, lo que le daría posible impunidad ante una probable responsabilidad en la denuncia que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó y se radicó bajo la carpeta de investigación 712/2022.
El exmandatario Yunes Linares, quien había declarado anteriormente no estar interesado en obtener algún cargo público, cambió de opinión luego de que trascendiera que la ASF presentara denuncia en su contra por su eventual corresponsabilidad en el fraude e incumplimiento de la empresa Comtelsat para la instalación de mil 476 cámaras de videovigilancia, situación que, aclaró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que únicamente se han instalado 40 por ciento de ellas.
Como se recordará, en marzo de 2019, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República por daño patrimonial de 349 millones de pesos en contra del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, así como contra su secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie, y otros funcionarios menores de esa dependencia así como de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
El 27 de enero de 2022, el titular del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Veracruz con residencia en Xalapa, Gustavo Stivalet Sedas, sólo decidió vincular a proceso al jefe de la unidad administrativa de la SSP, Guillermo Moreno Sentíes, por un desfalco de 80 millones 6 mil 187 pesos por el concepto de pagos indebidos.
Sin embargo, la FGR retomó la carpeta iniciada por la SSP de Veracruz, formuló la acusación correspondiente y programó una audiencia intermedia que se celebraría el 28 de noviembre de 2023.
Cuando la carpeta de investigación había trascendido ya a la FGR y programado esa primera audiencia, el juez Stivalet Sedas emitió un acuerdo por medio del cual difería la audiencia, señalando que “no había condiciones para su celebración”, por lo que la reprogramó para el 12 de marzo de 2024. Sin embargo, dicha audiencia no se realizó porque la defensa legal del exmandatario panista “presentó un justificante médico” mediante el cual se estableció que el imputado (Miguel ángel Yunes Linares) “tenía un derrame cerebral”, por lo que la reprogramó para el 25 de junio de 2024.
Al concluir el gobierno de Yunes Linares, la empresa Comtelsat no había instalado ni 10 por ciento de las cámaras de videovigilancia. Asimismo, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que la empresa mintió respecto de los avances de la colocación de los aparatos, pues cuando llegó al cargo en 2019 no se habían instalado ni 10 por ciento del total contratado y pagado. Y aunque la administración estatal les dio la oportunidad de terminar el trabajo según lo estipulado o devolver el dinero, no hubo resultados.
El gobernador dijo que a la fecha, a pesar de haber llegado a un acuerdo con la compañía, ésta no cumplió, pues apenas llevan 40 por ciento de avance” en la implementación del sistema, “en un diagnóstico que me llevó casi un año, se determinó que incluso había postes sin nada, donde supuestamente tendría que haber cámaras”, acusó.
El mandatario afirmó que simultáneamente se procederá ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev), en el caso de exfuncionarios que pudieran resultar responsables.
“Le vamos a dar celeridad. Recuerden que hubo un momento que decidimos negociar con la empresa para que pudiera restituir al estado el dinero o el sistema de videovigilancia. Instruí que me dieran el reporte. De lo contrario, actuaremos contra los responsables. Ya no hay más, ya fue suficiente. De todas maneras, aun así, nosotros hemos acudido a la Fiscalía en primera intención, pero llegará al Trijaev”, había advertido.
De acuerdo con el contrato, Comtelsat SA de CV se comprometió a completar la colocación de 6 mil 476 cámaras. Sin embargo, a cinco años de este trato, no cumplió.
García Jiménez aseguró que se irán por la vía jurídica, ya que hasta el momento sólo se ha completado 40 por ciento del total.
La historia del fraude y el “derrame cerebral” como excusa
Todo comenzó el primero de diciembre de 2018 cuando la SSP solicitó el cumplimiento forzoso del contrato a Comtelsat.
Al año siguiente, la SSP presentó denuncia ante la FGR en contra de Miguel Ángel Yunes Linares y demás servidores públicos de la SSP por la disposición irregular de fondos federales. En 2020 dio inicio el procedimiento administrativo de responsabilidad PARA/13/2020/SRC-IX por abuso de funciones de los exservidores públicos de la SSP derivado del incumplimiento de Comtelsat.
El 27 de enero del 2022 se vinculó a proceso a Guillermo Moreno Sentíes. Sin embargo, el juez federal Gustavo Stivalet Sedas justificó que por pagos indebidos sólo hubo 80 millones 6 mil 187 pesos.
El 31 de julio del 2023, la SSP demandó por la vía civil a Comtelsat por el incumplimiento del contrato y se radicó el juicio 529/2023/VII del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Xalapa. En febrero de 2024, se presentó denuncia por pagos indebidos con recursos estatales por 590 millones de pesos que incluyen las pólizas. Un mes después, el primero de marzo del año en curso, el caso fue presentado ante la FGR por el uso indebido de recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAGFEF) y el día 15 de ese mismo mes el Trijaev acreditó responsabilidad administrativa al exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Yunes Linares, Jaime Téllez Marie.
Cuatro días después, la notificación se hizo extensiva a los actores involucrados que son el mismo Miguel Ángel Yunes Linares, la exsecretaria de Finanzas en los gobiernos de Javier Duarte y Yunes Linares, Clementina Guerrero García, y subsecuentemente los funcionarios yunistas Bernardo Segura Molina, Adrián Vicoon Basto, Luis Francisco Virúes Martínez, Juan Carlos Saldaña Morán y el único indiciado Guillermo Moreno Sentíes.
