Por el delito de incumplimiento de un deber legal, al negarse a cubrir laudos laborales a favor de trabajadores despedidos injustificadamente, abogados interpusieron una denuncia penal en contra de los titulares de las secretarías de Gobierno, Educación (SEV) y de Salud (SS), así como de diversos ayuntamientos veracruzanos.
En conferencia de prensa, los abogados Juan José Llanes Gil del Ángel, Gerardo Aguilar Cortés y Laura Mónica Sáenz, dieron a conocer que esta situación se viene padeciendo desde los últimos 10 años, cuando iniciaron estos pasivos laborales, producto de condenas impuestas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) a las entidades públicas mencionadas.
Sin embargo, expuso Juan José Llanes Gil del Ángel, durante los últimos cinco años se ha enfrentado, por una parte, a una burocracia (empezando por los titulares de esas dependencias) que abiertamente ha decidido que no obedecerá los mandatos judiciales, y por otra parte, con una autoridad laboral que se comporta tibia y sumisa, y que claramente no muestra una disposición enérgica para cumplir sus propias decisiones.
El jurista mencionó que ante el desacato del ordenamiento judicial, tomaron la decisión de pedirle al Tribunal que diera vista al Ministerio Público de las conductas que actualizan delitos.
Ante la pasividad mostrada se determinó imponer denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de los titulares de las entidades públicas mencionadas y otras más, por lo que suman más de una docena de denuncias.
Acusó que el Ministerio Público, al igual que el Poder Judicial (PJ) del Estado de Veracruz, actúa bajo la presión y la consigna de quienes están gobernando el estado y se ha preocupado más por encontrar argumentos para exculpar a Eric Patrocinio Cisneros Burgos, Zenyazen Roberto Escobar García y a otros funcionarios, que pueden, con total impunidad, decidir si acatan o no una orden judicial.
Lo grave de todo esto es que para el presente año se presupuestaron más de 2 mil 120 millones de pesos para el pago de indemnizaciones laborales (cifra más grande aplicada para este rubro), del que se ignora por qué no ha sido aplicada o si se está utilizando para sufragar la autopromoción con tintes electorales.
Anunció que acudirán al Poder Judicial Federal, para que sea quien defina si en Veracruz el desacato a órdenes judiciales debe quedar en la impunidad para favorecer a personas como las ya mencionadas, pues sus acciones están perjudicando a cientos de trabajadores que se han visto favorecidos con estos laudos laborales, pero que no se han cumplido en su totalidad al pagarles lo que por derecho les corresponde.
De igual manera denunció que muchos de los pagos los tiene que autorizar Eleazar Guerrero Pérez, subsecretario de Finanzas y Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), desconociéndose los motivos por los que actúa de esa manera, en perjuicio de los trabajadores.
