A nueve años del asesinato del periodista José Moisés Sánchez Cerezo, director de La Unión. La Voz de Medellín, la organización Artículo 19 y la familia del reportero exigieron a autoridades federal y estatal garantizar el acceso a la justicia, reparación del daño y dar garantías de no repetición.
Cabe recordar que el 2 de enero de 2015, en el municipio de Medellín de Bravo, un comando armado sustrajo de su vivienda a Moisés y el 24 de enero fue hallado torturado y sin vida.
Artículo 19 afirma que las autoridades investigadoras desde un inicio desestimaron la labor periodística de Moisés y enfocaron su discurso público para estigmatizar y decir que por trabajar como taxista no era en realidad un comunicador.
“A lo largo de estos nueve años, la familia ha enfrentado un proceso revictimizante, plagado de irregularidades y enfocado a la impunidad en vez de obtener justicia para Moisés y su familia”, expone la organización.
Esto incluye dos litigios contra la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la FGR. El primero, para que ejerciera la facultad de atracción del caso y el segundo para que la dependencia otorgara copias del expediente a Jorge Sánchez, hijo del periodista, a fin de coadyuvar con la investigación.
Agregan que hasta la fecha el proceso se enfocó principalmente en dar como logros las detenciones de algunos policías, principalmente por omisiones a su labor.
No obstante, estos procesos han sido fallidos. Como ejemplo el 30 de marzo de 2023 la Fiscalía General del Estado (FGE) informó públicamente la reaprehensión de Luigui “N”, expolicía municipal y uno de los señalados como responsables del homicidio de Moisés Sánchez; el exagente había sido sentenciado el 30 de marzo de 2022 por los delitos de incumplimiento de un deber legal y homicidio doloso.
El 31 de marzo de 2023, es decir, un día después de la reaprehensión tan presumida por las autoridades, el mencionado quedó en libertad.
Por su parte, el exalcalde Omar “N” sigue sin ser aprehendido. Ante estas fallas y la ausencia de verdad y justicia, el año pasado la familia Sánchez Cerezo y Artículo 19 ingresaron el caso de José Moisés Sánchez Cerezo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La organización señala que el caso de Moisés es un hito de la impunidad que siguen viviendo las familias de reporteros asesinados en Veracruz, el estado más letal para la prensa en México.
Y demandó a la Fiscalía General de la República (FGR) garantizar justicia a la familia Sánchez Cerezo para que no caiga otra vez en omisiones como ocurrió al inicio de la investigación.
Al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, demandó persistir en la protección de la familia de Moisés Sánchez, así como de las víctimas y familias de la prensa en Veracruz, ocasionadas en perjuicio de su labor periodística o defensa de derechos humanos, a fin de garantizar su integridad.
A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que cumplimente las medidas reparatorias del daño de la familia de Moisés Sánchez, así como de los periodistas veracruzanos víctimas de delitos en represalia a su labor.
