El secretario general de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (Ceapp), Israel Hernández Sosa, advirtió que de los 31 crímenes a periodistas que tienen registrados en Veracruz, en 25 hay indicios que están relacionados con su actividad periodística, además que, de éstos, 12 están en revisión de las carpetas de investigación por la Fiscalía General del Estado que mantiene los crímenes impunes.
Entrevistado en el Congreso de Veracruz, lamentó que hay un rezago importante en la impartición de justicia en los periodistas asesinados, por lo que realizaron una recomendación a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía General de la República a que fortalezcan sus investigaciones.
“En Veracruz, lamentablemente solo tenemos a un fiscal que atiende a periodistas a nivel estatal y es algo que esperaríamos que con estos incrementos presupuestales que han tenido las instituciones de justicia, haya un robustecimiento en sus fiscalías”.
Hernández Sosa exhibió que, desde hace cinco años aproximadamente, la Fiscalía de Veracruz entró al juego de “echarse la bolita” en los casos de crímenes de periodistas, ya que las carpetas de investigación que estaban en el ámbito local las mandaban al federal.
“Allá se declaraban incompetentes, las regresaban y ya habían pasado dos años sin actos de investigación y todo por un tema de carácter administrativo entre fiscalías”, fustigó.
Destacó que en las carpetas por delitos de alto impacto en agravio de periodistas se están revisando 12 expedientes
“Están desagregadas, estamos hablando de más de 20 en Veracruz, por ejemplo: tres asesinatos de periodistas en 2022, ninguno está en el ámbito de Fiscalía Especializada de Libertad de Expresión, porque ninguno tuvo que ver con su actividad periodística, entonces éstas están fuera de ese grupo”.
Precisó que estas carpetas de investigación corresponden de 2012 a 2017 aproximadamente, por lo que actualmente las agresiones que sufren los periodistas provienen más de la sociedad civil, debido a que es muy fácil agredir y no haya sanción.
Recordó, el caso de Jacinto Romero Flores, a quien se le acreditó el crimen relacionado con su actividad periodística, al igual que el de María Elena Ferral y Celestino Ruiz, “que son los más recientes y con eso se ha roto la narrativa de criminalizar a los periodistas y de no investigar realmente las motivaciones”.
En ese sentido, Israel Hernández advirtió que lo que hace falta ahora es realizar los actos de investigación y que de las personas que se tienen identificadas, como en el caso de María Elena Ferral, donde hay cinco órdenes de aprehensión que no se han cumplimentado.
Puntualizó que de los 31 periodistas asesinados en Veracruz, por lo menos en 25 se tienen indicios que estén relacionados con su actividad periodística, “tenemos solo dos sentencias de los 31, la del caso de Ricardo Monlui Cabrera y la otra que esta en apelación, la de Moisés Sánchez Cerezo”.
Detalló que de las 25 carpetas de investigación donde se tiene acreditado que el crimen fue por relación a la actividad periodística, en agosto del año pasado tuvieron una reunión con los familiares de los periodistas asesinados y la FGE, donde se llegó a la conclusión que se dará revisión a 12 expedientes.
Lamentó que en Veracruz hay un rezago importante en este materia, ya que se ha transitado por cinco titulares diferentes en la Fiscalía General de Veracruz, por lo que estas carpetas de investigación están desaseadas.
“Pasamos desde la época de Amadeo Flores Espinosa, Reynaldo Escobar Pérez, después pasamos con Luis Ángel Bravo Contreras, después con Jorge Winckler Ortiz y ahora con la fiscal Verónica Hernández Giadáns”, concluyó.
