Como remarcó en su conferencia cotidiana la presidenta Claudia Sheinbaum, la limpieza del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) no termina al erradicar las causas estructurales de la corrupción, sino que debe proseguir con el establecimiento de responsabilidades administrativas y penales a quienes privaron de un hogar a las personas que más lo necesitan.
El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, denunció varios esquemas de defraudación usados por empleados del organismo, notarios, despachos, integrantes del Poder Judicial, empresas y peritos valuadores para desfalcar miles de millones de pesos al erario y a los derechohabientes.
Por ejemplo, en 21 estados se detectaron mil 400 viviendas que fueron vendidas al menos cuatro veces, operación delictiva que involucró mil 200 millones de pesos extraídos a 12 mil trabajadores. Solo en el Estado de México, 496 casas se vendieron 4 mil 130 veces. Además, se trianguló dinero para otorgar una indemnización de 5 mil millones de pesos a Telra Realty por un contrato de 100 millones, 50 veces el monto inicial.
Este caso fue tan escandaloso que dos socios de Telra devolvieron 2 mil millones de pesos, pero los otros tres se apropiaron del resto. Entre 2013 y 2015, cuatro despachos identificados para recuperar viviendas judicialmente recibieron más de 3 mil 800 millones de pesos mediante juicios fraudulentos contra 60 mil derechohabientes, en complicidad con funcionarios judiciales y notarios de Nayarit.
Estos desfalcos y la impunidad que los acompaña son posibles debido a la anómala estructura administrativa del Infonavit, donde el director general no participa en decisiones ejecutivas. La asamblea general y el consejo de administración están controlados por representantes patronales y sindicales, quienes bloquean fiscalizaciones externas y disposiciones del director.
En el sexenio pasado, los sectores patronal y sindical incluso obligaron al director a desistirse de denuncias por irregularidades, recurriendo a amparos para frenar las investigaciones. Además, estos representantes reciben salarios desmedidos: hasta el doble de lo que gana la presidenta Sheinbaum y bonificaciones de entre 60 y 90 mil pesos por asistir a sesiones internas.
La reforma a la Ley del Infonavit, impulsada por el gobierno federal, busca erradicar estas prácticas. Aunque se mantendrá la integración tripartita con 10 representantes del gobierno, 10 de la patronal y 10 de los sindicatos, se eliminará la capacidad de los sectores patronal y sindical para bloquear al representante del gobierno.
Esta reforma enfrenta resistencia de quienes se benefician de la corrupción. Sin embargo, exigir que el cambio se someta a consulta es tan absurdo como decidir si los ladrones deben ser judicializados o no.
La verdadera preocupación de los opositores no debería ser la limpieza que realiza la actual administración, sino explicar por qué durante décadas no actuaron para acabar con la corrupción y la impunidad en el Infonavit.
