El primero de julio, ocho años después del triunfo electoral que dio inicio a la Cuarta Transformación, el gobierno federal convirtió el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México en organismo público descentralizado de investigación y educación superior, con mandato explícito de estudiar el avance de la extrema derecha en el mundo. La medida no es un trámite administrativo. Es la decisión de dotar a un proyecto de país de infraestructura propia, capaz de seguir produciendo pensamiento crítico cuando quienes lo fundaron ya no ocupen el cargo desde el cual lo explicaron. Esa decisión llega en el peor momento posible para darse el lujo de ser sólo simbólica.
Desde enero de 2025 la derecha ha ganado las siete elecciones presidenciales celebradas en América Latina, un patrón que The Economist describe sin precedente en velocidad y uniformidad. De las seis economías más grandes de la región, que hace tres años tenían gobiernos de centroizquierda, hoy sólo México y Brasil sostienen un proyecto distinto al de Washington, y Brasil define esa continuidad en octubre frente a un candidato que la propia Casa Blanca observa con interés declarado.
El corredor trumpista se extiende ya, casi sin interrupción, de Costa Rica a Argentina por la costa del Pacífico. Colombia lo cruzó en junio. Perú, previsiblemente, también. El riesgo no es especulación de columna. La propia presidenta Sheinbaum lo reconoció en mayo, cuando el Congreso avanzaba la reforma para anular elecciones por injerencia extranjera: sí puede haber riesgo de intervención en los comicios de 2027, donde se renuevan 500 diputaciones, 17 gubernaturas y más de mil ayuntamientos. El antecedente inmediato no es menor: funcionarios y aliados de Morena imputados por Estados Unidos sin pruebas compartidas, personal de la CIA operando en territorio mexicano sin conocimiento del gobierno, amenazas reiteradas de acción militar directa contra objetivos en suelo nacional.
Ninguno de estos hechos, por separado, prueba una operación electoral en marcha. Juntos, dibujan una disposición a intervenir que ya no necesita disimularse. Frente a ese cuadro, la serenidad con que el gobierno ha optado por conducirse merece reconocerse. No ha habido bravata ni provocación gratuita, y eso, en un vecino dispuesto a usar cualquier pretexto, es una forma de prudencia que protege más que expone. Pero la serenidad de un gobierno no puede convertirse en la anestesia de una sociedad. El clima de paz que se percibe hoy en México, alimentado por un Mundial exitoso y una economía que resiste, no es garantía de nada frente a 2027. Es, en el mejor de los casos, una tregua que no depende de nosotros sostener. Ahí está el llamado que este periódico hace, sin rodeos. La defensa de la soberanía electoral no puede quedar únicamente en manos de una reforma legislativa ni de la voluntad de un gobierno, por sereno que sea. Le corresponde también a la ciudadanía informada, a la prensa que se niega a repetir sin verificar, y a instituciones como la que ahora nace del Inehrm, exigir que el pensamiento crítico no sea un adorno discursivo sino una práctica exigible: rastrear el origen de cada narrativa que llegue con la etiqueta de sentido común, documentar cada operación de desprestigio antes de que se instale como verdad, y negarse a aceptar que la calma actual sea prueba de que el país está a salvo.
La región entera demuestra lo rápido que un clima de conformidad se convierte en la antesala de una derrota que nadie vio venir hasta que ya era irreversible. México tiene, hoy, la oportunidad de no repetir esa historia. La tiene porque decidió construir la infraestructura para pensarla a tiempo. Que no se quede en la oportunidad.
