ECP
La proliferación de videos en redes sociales que documentan abusos, detenciones arbitrarias y tensiones sociales asociadas a operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no es un fenómeno anecdótico ni un simple exceso policial. Es la manifestación visible de una mutación más profunda del Estado estadounidense: el reemplazo progresivo de la política social por la coerción administrativa como forma de gobierno. No se trata de una anomalía trumpista ni de una súbita radicalización, sino de una transformación estructural del modo en que el poder intenta gobernar una sociedad fracturada.
Esa fractura no es ideológica ni coyuntural: es material y social. Durante décadas, Estados Unidos sostuvo un contrato implícito basado en empleo estable, salarios suficientes y movilidad social. La desindustrialización neoliberal rompió ese pacto sin que fuera sustituido por una red de bienestar equivalente. Millones de personas quedaron formalmente dentro del país, pero fuera del proyecto social. No se trata solo de pobreza, sino de una experiencia extendida de pérdida de futuro.
A esa ruptura se sumó una fragmentación territorial profunda. Regiones enteras quedaron desconectadas del dinamismo económico mientras otras concentraron riqueza y oportunidades. El país dejó de compartir una experiencia común. Cuando no hay vida material compartida, el consenso político se vuelve inviable.
Las epidemias de opioides, alcoholismo y violencia armada no son anomalías culturales, sino síntomas de ese desfondamiento. Funcionan como anestesia social frente a la ausencia de horizonte. El tejido comunitario no se rompe de golpe: se deshace lentamente. El Estado conserva capacidad de control, pero pierde la de integración.
Uno de los rasgos más inquietantes de esta deriva es que una parte significativa de los agentes involucrados en los operativos de ICE es hispanoparlante o de origen latino. No existe una cifra oficial precisa, pero estimaciones coinciden en que cerca de una quinta parte de sus elementos operativos es de ascendencia latina. No se atempera la violencia institucional: se vuelve más eficaz. El poder no solo persigue al migrante; lo hace, en muchos casos, utilizando cuerpos culturalmente cercanos al perseguido. No es una paradoja moral, sino un patrón histórico. Lo hicieron los españoles en México, los ingleses en la India, los nazis en los países ocupados. Los Estados en crisis suelen reclutar a sectores subalternos parcialmente integrados para disciplinar a quienes quedaron fuera. La cercanía cultural no humaniza la represión: la eficientiza.
ICE ya no funciona como una agencia administrativa especializada en migración. Funciona como una policía política orientada a producir orden visible en una sociedad incapaz de resolver sus fracturas estructurales, no por falta de voluntad cívica, sino porque perdió las condiciones materiales, territoriales y simbólicas que permiten generar cohesión sin recurrir a la fuerza. Su despliegue en comunidades, centros de trabajo, escuelas o espacios religiosos no busca solo aplicar la ley: busca escenificar autoridad. Allí donde el Estado dejó de garantizar empleo, bienestar y cohesión, garantiza miedo, presencia armada y espectáculo de control.
La migración se convierte en el chivo expiatorio. No exige enfrentar la desindustrialización, la crisis de adicciones ni la desigualdad extrema, pero permite construir un enemigo identificable, móvil y vulnerable. ICE es el instrumento operativo de esa sustitución: administra el síntoma para no tocar la causa.
ICE no es una policía migratoria clásica ni una agencia neutral. Es una institución de contención del colapso social, diseñada para administrar el excedente humano producido por décadas de abandono estatal. Su función no es resolver la migración, sino convertirla en un problema permanente.
ICE es, en última instancia, el síntoma interno armado de un país que no ha perdido capacidad de control, pero sí la capacidad de gobernar desde la integración social. Por eso recurre a la coerción para ocultar el deterioro de su propio orden.
