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El sainete de la institucionalidad electoral

Metempolítica

Bajo una nueva denominación llamada Frente Amplio Democrático —que por el discurso arengado en el documento que lo oficializa parece jugar con la referencia al Frente Democrático Nacional de 1988, el cual se alzó contra la simulación republicana del entonces incipiente régimen neoliberal que acabó por imponer en esa elección al amigo del pederasta Jeffrey Epstein, Carlos Salinas—, y ya sin ningún capital político ni apoyo, a no ser por la red de “ciudadanos” desplazados de las esferas de influencia y de los cargos públicos, así como los recursos financieros de los patrocinadores externos e internos, el respaldo de halcones imperialistas que amenazan la integridad de nuestro país y aquellos votantes removidos de su realidad por la propaganda grandilocuente de la oposición; se reúne nuevamente la extenuada camarilla de agoreros incomodados por el cambio político e institucional en rechazo a la reforma electoral que plantea la presidenta, Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo principal radica en modificaciones a la representación proporcional y los costos de la organización de los comicios, lo cual es realmente la causa del disgusto, incluso de los aliados del partido guinda, como el PT y el Verde.

Este manifiesto evidencia que la oposición no está consolidada en torno al conservadurismo “duro” MAGA, al modo de lo que está proliferando en EE.UU. y Europa, como lo han intentado el actor Verástegui, el fracasado relanzamiento del PAN, el deudor fiscal y aspirante a robber baron, Ricardo Salinas, o las organizaciones confesionales al estilo evangélico anglosajón que están buscando constituirse en partidos, pues simplemente no pegan; y la razón está a la vista de cualquiera que tenga ojos: se debe tanto a la satisfacción con la mayoría de las políticas del régimen actual, expuesta en la legitimidad por parte del pueblo (demos), como a que, aunque son innegables diversos rasgos conservadores en la idiosincrasia nacional, es legado de la Revolución el arraigo laico y popular del espíritu político mexicano —como también lo es la desconfianza en la reelección— que ha supuesto un baluarte contra este tipo de manipulación. De tal manera es que la única esperanza de esta facción es alimentar el discurso intervencionista del vecino del norte en espera de una catástrofe política que les permita regresar al trono perdido.

Sin embargo, la oligarquía pretendiente, luego de probar recientemente otros disfraces como el sombrero de Uruapan, la usurpación centennial o hasta jalonear la representatividad de izquierda, regresa, a la usanza del partido demócrata estadounidense, a la simulación neoliberal de la gobernanza por sectores —academia, ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil— que realmente son instrumentos para aparentar pluralidad y adhesión en los posicionamientos públicos de las mismas figuras de siempre, ésas sí asociadas al viejo régimen cuya restauración dicen combatir ahora, de la mano de personajes intrascendentes pero funcionales a sus propósitos, así como de algunos de los peores despojos de la historia contemporánea de nuestro país. Así, tenemos una oposición antimexicana que se debate entre ser el reflejo de uno u otro de los bandos en que se divide el sistema político estadounidense.

Resulta innecesario detenerse en quiénes son todos los firmantes y sus trayectorias, pero no puede pasar por alto la presencia de los mismos artífices de la farsa con que se procuró desfogar el malestar social ante el fraude electoral del 88, conocida como “transición a la democracia”; intelectuales orgánicos que se prestaron a legitimar la pantomima liberal instruida desde Washington como parte de una estrategia de subyugación del sur global, otrora conocido como tercer mundo, que reemplazaba los golpes de Estado y desembarcos de marines por la receta calcada de sus propias instituciones y procedimientos que le permitiera a los Estados Unidos juzgar la democraticidad de un régimen y así reemplazar el argumento canalla de la lucha contra el derrumbado bloque comunista por otro que los convierte en la policía de las libertades y adalid contra el terrorrismo global. Ahí figuran individuos como José Woldenberg, a quien se encomendó la fornulación de un organismo como el IFE/INE, nacido para defraudar.

Es por ello que la representación proporcional o plurinominal, el último de los regalos del viejo régimen a los partidos para fingir integración de todas las voces en la deliberación pública, la capacidad de los grupos legislativos de repartirse el nombramiento de integrantes en los consejos de los órganos electorales y las prerrogativas —el mucho dinero público que corre en cada elección— son las principales preocupaciones de la agenda mediática, pese a tratarse de un pluralismo infructuoso que solo sirve para que se mantengan viviendo del erario personas que jamás se acercan a sus supuestos representados ni tienen que rendir cuentas más que a sus amistades o padrinazgos partidistas.

Habiendo desafíos cualitativos como la superación de “traumas” políticos, el voto electrónico confiable, la inclusión real de los mexicanos en el extranjero en los procesos electorales o remover el incentivo de réditos económicos detrás de la búsqueda de cargos públicos, este cuestionamiento no pretende que el pueblo con derecho a votar se adormezca y contente con cambios cosméticos a la democracia representativa o que se aferre a una institucionalidad amañada. Por el contrario, es una advertencia del talante de voluntades e intereses que rebullen alrededor de tan importante decisión como una reforma electoral, ya sean opositores o supuestos aliados del momento histórico que significa la 4T.

En esto, afronta Morena el reto de aprovechar una quizás irrepetible oportunidad de dar pasos hacia la democracia participativa, cristalizar el momento populista en una cultura cívica viviente y superar el relegamiento de la ciudadanía a votaciones cada tantos años para dejar las decisiones importantes al arbitrio de personajes que, como los firmantes susodichos, pueden estar motivados por pulsiones adversas al servicio e interés públicos.

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