El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la eventual explotación de gas mediante fractura hidráulica ha reactivado una preocupación social comprensible y sana, particularmente en regiones con memoria petrolera como Papantla. La palabra fracking no genera rechazo por ignorancia, sino por experiencia: décadas de actividad extractiva que dejaron beneficios concentrados y costos distribuidos en el territorio.
El matiz introducido por el gobierno —uso de técnicas menos contaminantes y, de manera central, sin agua dulce— no es menor. La tecnología ha evolucionado hacia esquemas que emplean agua salobre o residual, reutilizan fluidos y mejoran el sellado de pozos con múltiples capas de acero y cemento. También existen sistemas de monitoreo en tiempo real y controles para reducir fugas de metano. Nada de esto convierte al fracking en una práctica inocua, pero sí reduce riesgos cuando se aplica con estándares estrictos y supervisión efectiva.
Hay ejemplos internacionales que ayudan a dimensionar el cambio. En Estados Unidos, en cuencas como Permian y Eagle Ford, el uso de agua reciclada se volvió práctica extendida en ciertas operaciones. En Canadá, algunas provincias endurecieron la integridad de pozos y la trazabilidad de fluidos, obligando a reportes auditables. Esos avances no eliminaron conflictos sociales ni impactos, pero sí acotaron fallas cuando hubo regulación y vigilancia.
Ahí se ubica el punto central, que es político: la técnica no sustituye a la gobernanza. En México, y en Veracruz en particular, la desconfianza no proviene del método en abstracto, sino de la historia concreta de supervisión débil, daños mal reparados y comunidades excluidas de la decisión. La discusión no puede reducirse a si el fracking es hoy menos contaminante, sino a si el Estado tiene la capacidad —y la voluntad— de hacerlo cumplir en el territorio.
Existe, además, una razón de fondo que explica por qué el tema vuelve a la agenda. El gas natural es un insumo estratégico: sostiene la generación eléctrica, estabiliza el sistema energético y reduce ciertas emisiones frente a combustibles más pesados. En un contexto de alta dependencia externa, producir gas propio es una decisión de soberanía energética. Pero soberanía no es sólo producir más: es hacerlo sin trasladar los costos a las mismas regiones de siempre.
