Por: Rodrigo Efraín Hernández Hebrard, Director de Comunicación y Relaciones Públicas de la AMEXCAN, Inc.
En Carolina del Norte, la vida cotidiana de miles de familias latinas ha sido trastocada por una estrategia migratoria que, más que a la aplicación de la ley, se parece a una persecución sistemática. En las últimas semanas, agentes de ICE han instalado retenes, realizado detenciones masivas y visitando hogares sin órdenes judiciales, irrumpiendo en la intimidad de familias trabajadoras que viven con la angustia permanente de no saber si el día terminará con todos en casa. Las escenas se repiten, vehículos sin insignias, agentes armados tocando puertas al amanecer, patrullajes en barrios completos, vigilancia en estacionamientos y entradas a supermercados; el mensaje es claro, el miedo se ha convertido en política pública.
Lo más grave no es solo la presencia de agentes federales en operativos agresivos, sino la normalización de prácticas que bordean, o cruzan abiertamente, el límite de la legalidad. Entrar a hogares sin orden, detener a personas por su acento, apariencia o por “sospecha”, no es cumplimiento de la ley; es criminalización de la existencia misma y lo que ocurre hoy en Carolina del Norte no es un fenómeno aislado, a inicios de año, en California, la comunidad latina vivió episodios casi idénticos. En ciudades como Los Ángeles y zonas agrícolas del Valle Central, ICE realizó operativos que terminaron bajo investigaciones por tácticas engañosas, ingresos sin autorización y la detención de personas sin antecedentes, el patrón es evidente, una política migratoria que castiga, humilla y deshumaniza.
Esta estrategia tiene un impacto profundo en la estructura social y económica del país, porque hay una verdad que muchos prefieren ignorar pero que salta a la vista en momentos como este, la comunidad migrante latina sostiene buena parte del funcionamiento de Estados Unidos; si hoy hay alimentos en los supermercados, si las construcciones avanzan, si hoteles, restaurantes y fábricas operan, es gracias a hombres y mujeres, muchas veces invisibles, que trabajan mientras otros duermen. ¿Qué cree ICE que pasará cuando el miedo obligue a la gente a encerrarse, a renunciar a sus empleos, a evitar lugares públicos? Ya lo estamos viendo, negocios con menos personal, escuelas con ausencias masivas, granjas que anuncian retrasos y comercios que no encuentran quién cubra los turnos, la maquinaria económica empieza a resentirse cuando se siembra el terror entre quienes la hacen posible.
Las autoridades federales insisten en que los operativos son “dirigidos” y “estratégicos”, pero la realidad en las calles demuestra lo contrario. Lo que se está generando es un ambiente donde cualquier persona con piel morena y apellido latino puede ser el próximo en ser cuestionado, retenido o separado de su familia y en ese contexto, la dignidad humana se vuelve la primera víctima. No se trata de cifras, sino de historias, padres que ya no llevan a sus hijos a la escuela, trabajadores que no salen a laborar por temor a no volver, pequeños negocios latinos que cierran para proteger a sus empleados, esas son heridas profundas que no cicatrizan fácilmente.
Estados Unidos parece olvidar que esta nación se construyó, y se sigue construyendo, con manos migrantes. Pretender que el país funcionará mientras se acorrala a quienes realizan los trabajos esenciales es una fantasía peligrosa, es hasta una contradicción moral, no se puede exigir productividad y al mismo tiempo romper familias; no se puede hablar de libertad mientras se sustituye la confianza comunitaria por vigilancia y pánico.
Hoy, Carolina del Norte es el espejo de una crisis que podría expandirse a otros estados, como ocurrió con California y también es una advertencia: si permitimos que estas prácticas se vuelvan costumbre, estaremos renunciando a algo mucho mayor que la estabilidad laboral o económica, estaremos renunciando a nuestra humanidad.
La comunidad latina no es un enemigo interno, es el pulso, el músculo y el corazón de este país, sin ella, Estados Unidos no funciona y si la respuesta oficial a su aporte es persecución, retenes y visitas enmascaradas, entonces lo que está en crisis no es solo la política migratoria, es la idea misma de justicia.
Este no es un llamado a la resignación, sino a la dignidad, a no permitir que el miedo se normalice; a exigir que el respeto, la legalidad y la humanidad vuelvan a ser los principios rectores de un país que, en teoría, presume ser tierra de oportunidades. Hoy, más que nunca, la comunidad migrante merece algo mejor que vivir escondiéndose de quienes deberían proteger los derechos de todos, hoy, más que nunca, necesita que alzamos la voz.
