Boca del Río, Ver.- El costo de la nómina de las Micro, Pequeñas, y Medianas Empresas (MiPyMEs), así como de las grandes unidades de negocio, podría incrementarse hasta en un 30 por ciento con el recorte de ocho horas a la jornada laboral semanal, consideró el presidente del Centro Empresarial de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Veracruz, Manuel Liaño Carrera.
Dijo que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existen 4.9 millones de PyMEs, las cuales dan empleo a 27 millones de personas, representan poco más del 99 por ciento del total de los negocios en México y generan el 72 por ciento de las plazas laborales, de ahí que es trascendental cuidar el impacto que cualquier medida pueda tener en su ecosistema.
“Si se pretenden implementar cambios en el mundo del trabajo, es indispensable evaluar su impacto en las MiPyMEs principalmente, conocer y tomar en cuenta a este importantísimo sector de la economía nacional que aporta aproximadamente el 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país”, argumentó.
Aclaró que, aunque hay empresas que por su sector, realidad y naturaleza permiten tener dos días de descanso a sus colaboradores, hay muchas más que no están en condiciones de afrontar el impacto que una medida como la reducción de la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, tal como está planteada, tendría en sus finanzas.
“Es difícil calcular el impacto que esta modificación podría tener en caso de ser aprobada, pues depende de factores como el giro y tamaño de la empresa; sin embargo, de manera general, para intentar cuantificar el costo, solo en una microempresa de 10 colaboradores, con salario mínimo, la norma podría implicar: uno, dejar de producir, prestar o generar desde un 16.5 por ciento de producción, servicios o venta o tener un aumento del costo de la nómina de hasta un 30 por ciento”, aseveró.
De ahí que es indispensable que exista un diálogo serio entre los legisladores de todos los partidos y las representaciones obrera y patronal para que cualquier modificación que se pretenda efectuar en el ámbito laboral, esté acompañada de estrategias que impulsen el incremento de la productividad en las empresas.
Sentenció que “en caso de que estas medidas se pretendan implementar por decreto, mediante procesos legislativos plagados de irregularidades, sin diálogo, como los últimos que hemos padecido, se generarán procesos de inflación que traería como consecuencia la pérdida de poder adquisitivo, el cierre de empresas y la pérdida de empleos formales”.
Por último, llamó a los representantes veracruzanos en el Poder Legislativo a que, antes de aprobar cualquier iniciativa, consideren las condiciones que privan en la entidad y el país tras el final de la pandemia por covid-19, cuya consecuencia directa en la economía fue el cierre definitivo de por lo menos 1.6 millones de MiPyMEs, cuyas plazas laborales continúan en lenta recuperación.
