Los representantes jurídicos de los herederos de 91.5 hectáreas expropiadas para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) presentaron una demanda penal contra el secretario de Desarrollo Territorial y Urbano, Román Meyer, por negarse a cumplir –indicaron– la resolución de un juez federal que les ordenó devolver la propiedad o indemnizar el valor comercial de mil 200 millones de pesos.
Los abogados de Raúl Romero Zenizo (extinto) y cuya albacea es María Cristina Guadalupe, acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) a interponer la demanda, en la que también se menciona a la subsecretaria de la dependencia, Edna Elena Vega Rangel, y la directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, Dulce María Rodríguez Cervantes.
Rafael Ayala Pasten, miembro del equipo de abogados, expuso que las personas afectadas poseen esas tierras legalmente, desde la década de los 70, lo cual acreditaron con documentación legal.
Pero en tres ocasiones “ya se conminó a que cumplan y no han cumplido, lo que conlleva a un delito de las autoridades. Es indiscutible que esto lo va a manejar el fiscal general de la República, esperemos que le dé cabal cumplimiento a la legalidad”, añadió el abogado Antonio López Mendoza a las afueras de la FGR.
Los abogados aseguraron que desde julio, cuando ganaron el primer amparo, la Sedatu se ha negado a resarcir el daño y rechazaron el argumento de la dependencia de que sigue en litigio la propiedad de los terrenos.
Según sus documentos, las propiedades son el Polígono II Fracción B con 902 mil 081 metros cuadrados y Polígono I Fracción E con una superficie de 12 mil 886 metros cuadrados. Rafael Ayala, también asesor jurídico de los herederos, refirió que los terrenos se valuaron en mil 200 millones de pesos.
“Funcionarios de la Sedatu incumplieron, no solo el ordenamiento del juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa, sino también del Tribunal Décimo del Primer Circuito en Materia Administrativa, que ratificó la sentencia del juez de amparo”, indicaron.
