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FGR solicita evidencias de detención injustificada de activista en Orizaba

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Orizaba, Ver.- El presidente municipal de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, se ha negado a presentar las videograbaciones del momento que fue detenido el activista Canek Arenzano, por lo que persiste una negativa de la autoridad a facilitar las pruebas para integrar al expediente que obra en poder de la Fiscalía General de la República.

Y es que el también comunicador acudió ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la FGR para denunciar al presidente municipal de Orizaba, por la aprehensión injustificada ocurrida el 2 de febrero de 2024.

En entrevista, el afectado expuso que hace unos días arribaron a Orizaba, agentes investigadores de la FGR para solicitar los videos de la Inspección de Policía Local, pero les argumentaron que el circuito de video falla y no tienen el momento de la supuesta detención del joven político.

“Los fiscales de la FGR han estado haciendo las diferentes indagatorias, están haciendo las investigaciones y el avance al día de hoy, es que el Departamento de Policía no ha entregado los videos de mi ingreso al Centro de Detención, dicho esto el ayuntamiento hizo caso omiso o no le interesó y el documento entregado a la Policía Municipal se dio y solamente respondió que sus cámaras no sirven, por lo que no tienen cómo demostrar que cuando hay un ilícito o algunas necesidades de ciudadano o de las autoridades por encima de ellos, donde no les conviene, es cuando las cámaras siempre fallan”.

La FGR ha conminado a la Policía Local a que entreguen las evidencias del ingreso de Canek Arenzano, de negarse incurrirán en un delito y obstrucción de la justicia.

Aun con todo ello, las investigaciones continúan y como afectado, Canek Arenzano procedió a interponer un juicio de amparo por el abuso del cobro que se le hizo dentro de la instalación de la Policía Municipal, porque nunca se demostró que haya cometido algún delito.

Aunque la autoridad local niegue eso, se cuenta con el recibo oficial del pago de la multa sin que se especifique el delito, al que le quisieron variar como alteración del orden público.

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