La participación de particulares en el financiamiento de campañas políticas tiene un “entramado legal” ya establecido y fiscalizado por el propio Instituto Nacional Electoral (INE); si se está incumpliendo, deben aplicarse las sanciones correspondientes, afirmó la consejera electoral Marisol Delgadillo Morales.
La presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Marisol Delgadillo, recordó que la ley electoral establece la forma en la que se puede financiar una campaña y quienes son los que pueden aportar a éstas.
Recientemente, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín aseguró que algunos candidatos reciben financiamiento de empresarios y al momento de llegar al poder (gobierno municipal) asignan contratos para pagar el apoyo en campaña.
Por lo anterior, pidió a los alcaldes que, si asignan las obras como pago de favores, exijan el cumplimiento de los contratos, pues en ocasiones los empresarios solo se quieren “clavar” el dinero.
Al opinar al respecto, dijo: “En el caso del financiamiento de campañas, también existe un entramado legal que indica los topes de estas aportaciones privadas, como en este caso las empresas, y que tiene que ser reportados y registrados; y hay todo un sistema de fiscalización que incluso corre a cargo del INE, no es competencia del OPLE”.
La titular del órgano autónomo se deslindó del tema, al referir que el proceso de fiscalización corresponde al INE y no al órgano local, por lo que tendrán que ser ellos los responsables de revisar de dónde viene el dinero que se gasta en la promoción de los abanderados que piden el voto.
Incluso, dijo, si los contratos se dan a en la administración municipal hay órganos, incluido el Congreso, que deben revisar cómo se asignan los contratos.
“No es un campo en el que tengamos competencia el OPLE, eso le corresponde a los órganos fiscalizadores, a sus órganos internos de control, al Orfis y en su caso también al propio Congreso Estatal en la verificación de las cuentas públicas de los municipios, ellos son los que son competentes para determinar sobre este tipo de situaciones”.
Delgadillo Morales trató de evadir los cuestionamientos de la prensa sobre estas declaraciones y prefirió no abundar al respecto, aunque refirió que los procesos licitatorios están establecidos en la ley y vigilados por organismos fiscalizadores.
“El ejercicio de los presupuestos públicos en el ámbito estatal y municipal se rige bajo reglas y principios desde control y eficacia y rendición de cuentas y transparencia evidentemente todos los procesos de adquisición de servicios y de recursos tiene que pasar por un procedimiento licitatorio, donde se tendrán que mostrar las mejores condiciones de oportunidad, de precio que satisfagan las necesidades de lo que se esté convocando entonces realmente corresponde a cada órgano ejecutor de los presupuestos cumplir con esa norma”, argumentó.
