Orizaba, Ver.– La violencia que se sufre en diversos puntos del país, además de intereses económicos de particulares, detonaron los desplazamientos forzados de comunidades rurales a indígenas, no obstante la presencia del crimen organizado es el factor que más provoca el éxodo social.
En un documento, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) analiza cómo “diversas comunidades” han sido prácticamente expulsadas de sus territorios.
“Basado en el análisis de la realidad que se hace como organización manifestamos que el desplazamiento forzado se considera un crimen de lesa humanidad, se comete por medio de la violencia institucional, con la participación de las fuerzas policiaco-militares y paramilitares que actúan bajo la aquiescencia del Estado”.
Los desplazamientos “se realizan para garantizar los intereses de la oligarquía nacional e internacional, y causa un daño irreversible en las personas, por cuanto hace a su familia, físico, psicológico, social, los despojan de la tierra, su cultura, en sus medios de subsistencia, le quitan el derecho a la vida, sufre la desintegración familiar, pérdida de la identidad, como consecuencia de todo ello le suprimen sus derechos humanos, tutelados por Leyes Nacionales y Tratados Internacionales, ratificados por nuestro Estado”.
La violencia del crimen organizado no es la única causa, “pues hay otros ejemplos como el fracking, que es utilizado para realizar la extracción de gas natural a grandes profundidades de ella utilizando diversos químicos que se inyectan a la tierra y que al tocar los mantos acuíferos contaminando el agua, causando la muerte de todo ser vivo. Por ello decimos que son proyectos de muerte”.
Asimismo, “se comete desplazamiento forzado y despojo legalizado, cambio de régimen ejidal a propiedad privada, por medio del saqueo irracional de los recursos naturales, en los lugares donde existen, como la minería oro y plata, litio, uranio, petróleo, proyectos carreteros para el traslado de mercancías de las empresas nacionales e internacionales”.
Estos hechos “demuestran que el desplazamiento forzado se comete para favorecer a la oligarquía nacional e internacional, por lo tanto; culpar al crimen organizado, al narcotráfico, decir que hay un narco estado, es quitarle la responsabilidad al estado y la posibilidad de iniciar un juicio contra éste por comisión, aquiescencia, omisión, en su participación de los crímenes de lesa humanidad que comete, por medio de sus agentes policiaco-militares y paramilitares”.
El representante del estado no tiene ningún interés en que se resuelva la situación de los miles de víctimas en el país de desplazamiento forzado, “al contrario se exacerba el cometido de éste crimen de lesa humanidad, para proteger los intereses económicos de los grandes empresarios nacionales y transnacionales, por ello resulta muy cómodo decir que quien comete el desplazamiento forzado es el narcotráfico o el crimen organizado, con ello el estado evade responsabilidad y se la pasa tirándole la pelota, sin tener la mínima intención de resolver estos actos cometidos contra las personas más vulnerables del país”.
La única forma de parar estos crímenes “es continuar con la denuncia y la lucha organizada para que sean reconocidos como delitos en nuestras leyes mexicanas, para que las víctimas tengan acceso a ser restituidos de sus derechos y les sean devueltas sus tierras y propiedades, así como todo lo que hayan perdido durante la comisión del delito sufrido y la garantía de no repetición de este crimen de lesa humanidad, que es el desplazamiento forzado, de continuar permitiendo estos actos deshumanizantes estamos condenados a permanecer hacinados, sin identidad, en completa miseria, sin garantía de derechos y conseguir la muerte que al final es consecuencia del desplazamiento forzado”.
