Orizaba, Ver.- El gobierno mexicano incumple en la aplicación de la Ley General de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares, la cual debió de aplicarse hace cuatro años, señaló el Movimiento por Nuestros Desaparecidos.
En un comunicado, señaló que a más de cuatro años de la promulgación de la Ley General de Desaparición Forzada y Cometida por particulares siguen exigiendo su cabal implementación, “exigimos que el compromiso del Estado mexicano para atender la agenda integral en torno a la desaparición se haga valer a través de acciones concretas”.
Los colectivos dedicados a buscar personas desaparecidas señalan que durante años han manifestado que esta situación no es normal.
“En un país que acumula más de 104 mil registros oficiales de personas desaparecidas, el Estado debería tener una política nacional de búsqueda en vida, de identificación forense, prevención efectiva y justicia; sin embargo, esto no es así”, reprochan.
El 30 de agosto, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México marchó en al menos 25 estados del país para reclamar al autoridades de todos los niveles acerca de dónde están sus seres queridos, además para cuestionar sobre las acciones para buscar efectivamente y localizar a más de 104 mil personas reportadas como desaparecidas ante las comisiones de búsqueda, “¿qué hacen para identificar los más de 52 mil seres humanos fallecidos que para nosotras son tesoros?, ¿qué hacen para procurar justicia en un país que solo tiene 35 condenas federales?”
Asimismo, manifestaron que son ya cuatro años que siguen esperando la presentación del Plan Nacional de Búsqueda, de la creación de registros y bases de datos forenses y genéticos que ordena la ley, así como de la creación del Plan Nacional de Exhumaciones.
Insistieron que en México se tiene un marco normativo garante y avanzado para atender esta problemática; sin embargo, no se implementa en este país, donde la desaparición es el paradigma del crimen perfecto, “por ello pedimos que el compromiso del Estado para atender la agenda integral en torno a la desaparición se haga valer con acciones concretas”.
En este sentido, esta organización propuso crear un mecanismo interinstitucional de seguimiento que involucre a los tres niveles de gobierno, federal, estatal, municipal y los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial para la implementación de las distintas recomendaciones internacionales, el cual deberá mencionar instituciones responsables y plazos precisos de implementación y contar con mecanismos de rendición de cuentas periódicas.
“Hacemos un llamado al Congreso de la Unión para que cumpla con su promesa y asigne presupuesto suficiente para avanzar en las tareas de búsqueda e identificación. El criterio debe ser que alcance para los planes de trabajo y la operatividad de todas las dependencias dedicadas a la búsqueda en vida y la identificación humana forense de las personas que buscamos”.
Recalcaron la urgencia de implementar acciones coordinadas de búsqueda inmediata que fortalezcan la localización en vida y los procesos de justicia; “instamos a que se avance de manera pronta y coordinada en la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Localizadas, así como en el Plan Nacional de Exhumaciones y en el Plan Nacional de Búsqueda, contemplados en la Ley General y que son necesarias para avanzar en las tareas de búsqueda e identificación”.
Por otra parte, consideraron que la Fiscalía General de la República (FGR) y las estatales, deben ya trabajar con el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y el Centro Nacional de Identificación Humana y elaborar planes de investigación que lleven a avances sustanciales.
También demandaron acciones para reducir riesgos a la seguridad de colectivos y que el Estado reconozca su labor no solo como familias buscadoras sino como personas defensoras y garantes de los derechos humanos.
“Al gobierno le volvemos a decir que no nos vamos a cansar de buscar, ni de exigir e impulsar lo que por derecho nos corresponde, el regreso de miles de seres humanos a su hogar, con sus familias, y las investigaciones correspondientes para avanzar hacia la verdad y la justicia”, concluyeron.
