Carlos Figueroa/Líder Web
ESPECIAL
ATLANTA, Georgia.-La jueza Rachel Krauss del Tribunal Superior del Condado de Fulton ha enfrentado críticas y controversias por sus acciones en el caso de la Doctora Rommys Beltrán, un ex oficial de policía acusado de delitos relacionados con un programa para menores encarcelados en Georgia llamado AYA.
Durante las audiencias aceleradas del juicio de la Doctora (Psicóloga Forense) Beltrán en octubre de 2019, la juez Krauss ordenó la destitución de su abogado, Samuel Johnson, por conflicto de intereses.
Esta decisión suscita preocupaciones y genera interrogantes sobre la violación de los derechos constitucionales de la acusada.
Para dar a conocer su caso y la forma en que se ha llevado a cabo fuera de la constitución, la Doctora Beltrán realizó una serie llamada “The SetUp” (La Trampa), un documental/entrevista con el periodista venezolano, Héctor Soto, que puede ser vista en sus redes sociales, esto ante el temor de perder la vida, y para que quede constancia de la ilegalidad de los hechos.
La fiscalía acusó a Johnson de tener un supuesto conflicto con Beltrán por un video en el que se le ve ayudándola a entregar cajas del centro luego de que ella decidiera cesar sus operaciones en agosto de 2015.
Sin embargo, la destitución de la defensa en medio de un juicio apresurado, en el que el plazo para presentar pruebas se limitó a 60 días, fue visto como una flagrante violación del derecho constitucional a la representación legal de la Doctora Beltrán, la juez Krauss también obligó a Samuel Johnson a testificar en su contra, lo que generó serias preocupaciones éticas.
Esta acción viola la obligación de confidencialidad y constituye una ruptura de la relación de confianza entre el cliente y el abogado.
Las acciones del juez Krauss no se detuvieron allí. También rechazó el juicio acelerado, lo que obligó a la Doctora Beltrán a firmar un documento judicial en el que indicaba que debía continuar con el juicio sin un abogado defensor.
Obligar a los acusados a defenderse en un caso tan complejo como el de AYA genera serias preocupaciones sobre la falta de un juicio justo y la negación de derechos básicos por parte de Beltrán.
El caso de Beltrán es particularmente complicado para la Corte Superior del Condado de Fulton. Ha habido muchos cambios de fiscales en la oficina del fiscal, totalizando 30.
La juez Krauss ha dicho en repetidas ocasiones que ” no hemos podido encajonar este caso”, con el fin de acelerar el encarcelamiento de la Doctora Beltrán con el uso de tácticas sorpresivas que los ayudaría a evitar mostrar evidencias contundentes en su contra.
Esto ha provocado que este proceso, el próximo 17 de agosto, lleva ocho años.
Estos hechos plantean interrogantes sobre la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia en este caso particular, en el cual las autoridades continúan tratando de descubrir cómo procesar a la Doctora Beltrán.
En una entrevista, la Doctora Beltrán contó cómo el fiscal la amenazó por teléfono para obtener una orden de arresto si no abandonaba el juicio acelerado.
Estas tácticas de intimidación y coerción plantean serias dudas sobre la conducta ética del Fiscal y Juez Krauss.
En una entrevista reciente, el asesor legal de Beltrán, Andrew Murphy, señaló la mala conducta judicial en este caso.
Murphy argumentó que el juez Krauss fue parcial desde el principio y violó tanto los derechos constitucionales del acusado como los procedimientos de la Corte Suprema en un intento de encarcelar rápidamente a su cliente.
Según él, mintieron por completo y se negaron a darle un juicio justo a la Doctora Beltrán, quien afirmó que era inocente de los cargos en su contra.
Recientemente, la Jueza Krauss quiso realizar un juicio sin preparación por parte de la acusada, a quien se le avisó dos horas antes sin estar calendarizado.
El abogado Andrew Murphy, ante estos hechos, pidió se removiera a la Jueza Krauss y derivó en su detención injustificada, por supuestos cargos en un condado vecino.
El caso de la Doctora Beltrán plantea serias dudas sobre los motivos de la juez y la fiscalía para violar derechos y procesos legales con el fin de acelerar el encarcelamiento de la Doctora Beltrán, ya que implica graves violaciones de los derechos constitucionales y plantea serias preocupaciones sobre la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia en el condado de Fulton.
